Por su parte el representante de la comisión oficialista y ministro para la Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez, calificó la reunión como “exitosa” y aseguró que se trata de un “espacio para dirimir las controversias por vías constitucionales y pacíficas”. Nicolás Maduro también consideró positiva la iniciativa de instituir una mesa de negociaciones y recordó que desde hace varios meses había tratado el asunto con el gobierno de Noruega para una gestión mediadora, tal como ocurrió en los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia durante cuatro años en La Habana. Sin duda la aprobación de una mesa de diálogo tal como ocurrió el año 2002 con la Mesa de Negociaciones y Acuerdos con intervención del entonces secretario general de la OEA, César Gaviria y el Centro Carter después de los sucesos del 11 de abril de aquel año, puede considerarse como un antecedente útil para el comienzo de negociaciones necesariamente complejas y difíciles pero que (a diferencia de lo ocurrido con iniciativas anteriores) ahora contará con un escenario permanente y con reglas mínimas de juego.

Se sabe que ya existía de acuerdo al llamado “método de Oslo” consenso en relación a seis puntos para avanzar en la búsqueda de un compromiso; el primero de los cuales se refiere a la escogencia de la vía electoral como el primer paso para lograr el objetivo de la reconciliación. En este sentido, el oficialismo estaría dispuesto a incorporar su cuota parlamentaria a la actual Asamblea Nacional y de esta manera facilitar luego el desmontaje de la Asamblea Nacional Constituyente, ya que ambas instancias legislan de manera separada y en atención a sus propios intereses, lo cual constituye el punto de fricción crucial del “conflicto de poderes” que marca la confrontación política, ya agravada a raíz de los resultados de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 a favor de los diputados opositores y las reacciones encontradas en relación a decisiones posteriores. De igual modo se discute la posibilidad de elecciones presidenciales adelantadas en un plazo de dos años que en todo caso estarían determinadas por el curso de los compromisos que ahora se contraigan. La aprobación del tema electoral daría por entendido la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), la garantía de voto para los venezolanos en el extranjero y la ampliación de la vigilancia internacional.

Se trata de un “acuerdo parcial” que facilitaría la búsqueda de nuevos consensos mediante el mismo mecanismo, a diferencia de las conversaciones anteriores que de entrada procuraban un consenso general que por supuesto resulta más difícil que las coincidencias sobre materias específicas que se espera conduzcan siempre y a la larga a la aprobación de los términos que conjuguen aspiraciones de los factores negociadores. 

Por supuesto, un proceso que estará sujeto a la dinámica de la confrontación diaria que como se sabe es alimentada por la crisis económica y social y que tiende a agravarse diariamente lo cual podría introducir, aunque no se quiera, nuevos elementos de complicaciones al escenario ya catastrófico que afecta a los venezolanos.