ACNUR hace seguimiento a estos accidentes que ocurren, básicamente, desde hace un año pero que han aumentado su frecuencia de las últimas semanas. El 28 de abril pasado, la organización dio cuenta de un peñero –embarcación frágil- que naufragó la noche del 23 de abril con 21 venezolanos a bordo, todos desaparecidos. Luego se reportó 9 personas rescatadas con vida y un cadáver recuperado, gracias a la pericia de los pescadores de la zona. Un viajero que pidió reservar su identidad, explicó: “Si uno no tiene papeles hay que salir ilegal desde Guiria. Por eso las lanchas zarpan de noche y se van por la orilla hasta que se entra en Boca del Dragón que es el paso más peligroso. Esa noche salimos de Guiria a Macuro, más o menos como a las 8:30 de la noche y, al rato, enfilamos hacia Trinidad Y Tobago”. Un serio problema estriba en que, al ser estas actividades ilegales, frecuentemente no hay registro oficial de pasajeros por el carácter clandestino de las operaciones.

El diputado Carlos Valero está al frente de la comisión parlamentaria que sigue el caso desde la Asamblea Nacional. Aportó detalles: “Nosotros hablamos de desapariciones y no de naufragios ni de fallecidos y esto es clave pues, mientras no aparezca un cadáver o evidencia concreta de que estas personas murieron, tanto para los familiares como para nosotros, existe la esperanza de encontrarlos”. Y es que, ante la hipótesis de la trata de personas, es lícito presumir que los pasajeros pueden estar en una situación de secuestro.

Del primer peñero, el “Jhonnalys José”, que desapareció fueron rescatadas 10 personas, 9 con vida y una joven fallecida. Hasta el momento queda 28 personas de ese peñero de las cuales no se sabe nada pero tampoco hay ningún objeto o pertenencia, ni mar adentro ni en la costa, que pueda demostrar que esas personas han muerto en el mar. “Dada esa situación, seguimos con todas las hipótesis abiertas”, dice el diputado.

El 16 de mayo, el peñero Ana María zarpó con 33 personas a bordo, desde Guiria hacia Trinidad y Tobago. El capitán fue rescatado y trasladado a Granada donde se sabe que tuvo tratamiento médico. “Las autoridades de ambos lugares, trabajando coordinadamente, se percataron de que este señor tenía antecedentes por trata de personas y al momento se encuentra inubicable por lo que estamos efectuando todas las gestiones para saber más de él y de los 32 pasajeros que están desaparecidos”, agrega Valero. Hasta los momentos, en total, hay 60 personas de cuyo paradero nada se sabe. “Esto ocurre -señala el diputado Valero- en cualquier otro lugar del planeta y el escándalo sería descomunal. Ya estarían movilizados todos los cuerpos de seguridad. Aquí en Venezuela parece que nos estamos acostumbrando a esta descomposición en medio de la enorme crisis que soportamos”.

El riesgo es el acostumbramiento y que estos hechos tan graves sigan siendo vistos como algo aislado y no como el producto de un deterioro sostenido. El hecho es que son personas muy humildes las que están saliendo por estas vías del país. Les cobran $400 por el traslado mencionado de forma ilegal. $300 van para quienes administran el peñero –algunas veces es alquilado, otras es propio. Los dólares restantes se los reparten entre las autoridades de Guiria para que permitan un zarpe sin las medidas de seguridad adecuadas, sin salvavidas, sin listado actualizado de pasajeros, y de Trinidad, para que faciliten el ingreso.

La distancia entre ambos puntos –Venezuela a Puerto España- es de 4 o 5 horas por lugares inhóspitos, evadiendo “puertos verdes” y, definitivamente, el trayecto es sumamente peligroso. La gente se va, generalmente pensando que van a trabajar en un ressort, les pagan el viaje y les dicen que ganarán entre $1.000 y $1.500 dependiendo de su desempeño, cuando en realidad es un operativo de trata de blancas. Si el tiempo es bueno, hay hasta tres zarpes diarios con un promedio de 30 personas por embarcación. “Hay que decir –apunta Valero- que hay contrabando intenso de todo tipo, desde tamarindo, cobre, gasolina, lo que hace que los barcos salgan cargados, la mitad con personas y la otra mitad repleta de mercadería. Igual ocurre con el viaje de Trinidad de vuelta a Venezuela. Baste decir que un paquete de harina de maíz cuesta en Trinidad $2,60, cuando en Guiria cuesta $1,25. Todo esto muestra un mercado de la diáspora muy peligroso. Conociendo el tamaño del puerto de Guiria, un pueblo pequeño, apenas cuadras, se hace obvio que las autoridades están involucradas”.

Gracias a los pescadores y a su pericia por esos mares, se han logrado rescates. Ellos dejan de trabajar para dedicar días enteros a esas labores. No obstante, no son recompensados ni su trabajo facilitado como correspondería. No les pagan, ni les proveen gasolina, ni les proporcionan los insumos básicos para tan arriesgado trabajo. “Están muy molestos con las autoridades –revela el diputado-. Esto refleja todo un desmoronamiento institucional que se transforma en un maridaje con el negocio ilegal y la trata de personas y el contrabando, lo cual refleja la enorme crisis en que estamos metidos”. No es extraño que importantes reportajes sobre el tema evidencien como viajar de Venezuela hacia Trinidad y es como “salir de un infierno para entrar en otro”. En abril del año pasado deportaron 82 venezolanos desde Trinidad hacia Venezuela. Unos 30 de ellos tenían medidas de protección de la ACNUR, lo cual, en virtud de tratados sobre refugiados firmados por ambos países y por casi todo el mundo, las personas no pueden ser deportadas, o sujetos de retorno forzado a su país.

También hemos llegado a tener presos en cárceles para delitos migratorios en Trinidad. Es una cifra que se mueve todos los días, pero hemos llegado a tener hasta 180 venezolanos presos; hoy por hoy, existen 56 hombres, 36 mujeres, 5 de ellas menores de 17 años sin que sepamos aún si han solicitado asilo o si tienen o no el estatus de refugiados de Naciones Unidas.