Isabel Pereira Pizani

Asombrosas, las declaraciones de Jeffrey Sachs denunciando las sanciones económicas de Estados Unidos como la causa más poderosa de la catástrofe venezolana. La obvia y aplastante realidad contradice esta inaudita afirmación. En una entrevista para DemocracyNow afirma: “Ya es bastante difícil lograr el progreso económico, pero cuando Estados Unidos está utilizando su poder político para destruir otros países, los resultados pueden ser devastadores. Las sanciones estadounidenses tienen como objetivo deliberado destruir la economía de Venezuela y, por lo tanto, conducir a un cambio de régimen. Es una política infructuosa, despiadada, ilegal y fallida, que causa graves daños al pueblo venezolano”.

Señor Sachs, destruir ha sido la práctica/estrategia de los Castro contra los cubanos, calcada por Chávez y Maduro contra los venezolanos. Una vez en el poder, ahorcan a sus ciudadanos. Para ilustrarlo, léase la ley cubana 890 del 13 de octubre de 1960, que comienza con esta lindeza:

“Se dispone la nacionalización mediante la expropiación forzosa de todas las empresas industriales y comerciales, así como las fábricas, almacenes, depósitos y demás bienes y derechos integrantes de las mismas”. Y después vinieron los periódicos, los bancos, los pequeños y medianos negocios y pare usted de contar, no se salvó nada ni nadie.

Maduro, a su vez, acusa al imperio de “realizar una incruenta guerra económica”; según la prensa alemana, intenta oscurecer su protagonismo en el caso de corrupción más grande del mundo –y quizás de la historia moderna–, el robo de 300.000 millones de dólares. Las acusaciones de Sachs tienen un tufo a Maduro.

Si la culpa de la catástrofe la tiene Estados Unidos, entonces, ¿Maduro es inocente? Se puede usar el poder económico con fines muy distintos, tiranizar un país o ayudarlo a salir de la tiranía. Sachs declara que a partir de 2017 han muerto más de 40.000 personas debido a las sanciones económicas de Estados Unidos. Estas medidas o sanciones se concentraron en funcionarios acusados de corrupción, tráfico internacional de cocaína junto con trece funcionarios de gobierno, conexión con grupos terroristas, etc. A Maduro –no al pueblo– le congelan todos sus bienes, y se prohíbe estrictamente a los ciudadanos estadounidenses negociar con el gobierno de Maduro y sus instituciones corruptas.

No se trata de ignorar que las sanciones tienen impacto sobre la población, pero es imposible desconocer que cuando estas se iniciaron en 2017 ya la destrucción de la economía venezolana era un hecho consumado. La industria había entrado en colapso trabajando a 19% de su capacidad instalada debido a la hiperinflación, caída del consumo, 76% disminución en el empleo, crisis de los servicios de electricidad y agua. 86% de las empresas reportaron pérdidas por renuncias de personal calificado mientras que en 16% de las compañías sufrieron una fuga de talentos que representó más de un tercio de las nóminas. En 2017 el déficit público en Venezuela alcanzó 23,01% del PIB, se ubicó como el país con más déficit respecto al PIB.

La crisis alimentaria es hija del ataque desmesurado a la propiedad privada que provocó la confiscación de 5 millones de hectáreas, la estatización de 12 plantas procesadoras de harina precocida de maíz, las 2 principales cadenas de automercados y la expoliación de Agroisleña empresa suministradora de insumos, asistencia técnica a los agricultores-ganaderos y brindar apoyo financiero a más de 18.000 productores. En 1998 el país se autoabastecía de alimentos en más de 60%, hoy es menor a 25%. Exportaba algunos rubros agrícolas como café, cacao, azúcar, arroz, maíz y algodón.

Según datos de la Oficina para la Alimentación de Naciones Unidas (FAO), en 2017, fecha del inicio de las sanciones, había en Venezuela 3,7 millones de personas subalimentadas. La difusión de datos oficiales sobre desabastecimiento se suspendió en 2013 y la situación ha desmejorado progresivamente.

Con otra mirada, Joaquín Villalobos plantea que las sanciones son el medio pacífico para resolver la crisis venezolana, reconoce que en Venezuela no hay Estado de guerra, se trata de recuperar la democracia y el único ente armado es el régimen de Maduro: “En Venezuela no hay ni habrá conflicto violento, la oposición tiene una sólida vocación pacífica y las Fuerzas Armadas están moralmente descompuestas por la corrupción y subordinadas totalmente a Cuba. El peligro no es una guerra entre venezolanos, sino que la desintegración social del régimen de Maduro y la estrategia cubano-venezolana de desestabilizar otros países agote la paciencia de estos y eso conduzca a un conflicto militar internacional. Es un peligro futuro. Las sanciones económicas y el aislamiento a las dictaduras de Cuba y Venezuela son el mejor medio pacífico de presión con que cuenta la comunidad internacional”.

Con la economía destruida, la violación permanente de derechos humanos, 500 presos políticos, los venezolanos sufren de forma inmisericorde. En medio de esta tragedia la solución no puede ser violenta, más muertes de las que ya se producen por hambre; la presión para negociar tiene que extremarse y quizás es el único punto donde acierta Sachs. Esperemos que si en algo le afecta Venezuela reflexione sobre los desaciertos.