Egildo Lujàn Nava

En Venezuela la situación sociopolítica se ha complicado tanto que sus habitantes, prácticamente, viven en un país sin brújula. Ellos lo habitan bajo una filosofía popular de vida de total improvisación: "como va viniendo, vamos viendo”. Se trata, en fin, de un campo abierto en el que casi 30 millones de personas se rigen por una Constitución integrada por 350 Artículos y 19 Disposiciones, para que cada quien la interprete a su manera y entender. Inclusive, los máximos organismo interpretativos de la misma son, en primera instancia: los Tribunales Ordinarios y, en su máxima instancia, el Tribunal Supremo de Justicia.

Ahora bien, insólitamente, Venezuela cuenta con dos Tribunales Supremos de Justicia, igual número de instancias parlamentarias, una Nacional y la otra, una Constituyente, que no se reconocen entre sí. Igualmente, cuenta con dos Fiscalías Generales de la República. En otras palabras, es una condición bicéfala de poderes públicos que hace imposible el funcionamiento integral del país. A esta dramática situación, hay que agregarle el gran deterioro interno de su estructura administrativa y contralora. Asimismo, la diáspora más grande de la historia del Continente ha contribuido a destruir su aparato económico y productivo, así como el sistema de salud y educativo. Han colapsado todos los servicios públicos y reina una dramática situación de inseguridad. Para hacer más compleja la situación, las autoridades han permitido la intromisión extranjera en los asuntos internos de la Nación, usurpando la soberanía nacional. En Venezuela, pesan las voces de quienes dirigen a Cuba, Rusia, China, Irán, Irak, Corea del Norte entre otros. Y, como si faltara algo adicional, para agravar aún más el panorama, Venezuela ha sido sancionada severamente y bloqueada económicamente por un conjunto de casi 60 países del mundo.

Independientemente de toda esta confusión, lo único cierto es que el país cuenta con una Constitución que, para mayor preocupación, ha sido permanentemente violada e ignorada. Sin embargo, la ciudadanía no duda al afirmar que es la que norma el estamento legal de los venezolanos. Es la Constitución, afirman. Y que, además, incluye tres artículos muy particulares que sólo tienen una simple interpretación, lo que les hace precisos y determinantes para solucionar la gran crisis venezolana.
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El artículo 5 señala, inequívocamente, que "La Soberanía Nacional reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución". El artículo 70 faculta al Soberano a realizar, por su cuenta y autoridad, una Consulta Popular Plebiscitaria de interés colectivo para resolver, por la vía de la Consulta, el tema de "La Usurpación". Adicionalmente, el Artículo 71 señala que "Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a Referéndum Consultivo y aprobadas tan solo con el voto favorable de una mayoría simple". Es oportuno señalar la importancia de reconocerle a la Organización Civil ANCO, a la que nos honra pertenecer, su propuesta de realizar una Consulta Plebiscitaria como solución, en todas las instancias nacionales e internacionales. Sobre todo porque se considera que en estos momentos están dadas las condiciones para que eso se produzca, y es la solución más expedita, menos traumática e irrefutable al ser la voluntad del Soberano la que decide. Ya los venezolanos han intentado negociar y llegar a algún acuerdo en varias oportunidades y lugares en forma directa entre las partes, con mediadores externos dentro y fuera del país. Ha sucedido en Caracas, República Dominicana, Oslo-Noruega, Bridgetown-Barbados, y ahora se ha intentado nuevamente en Caracas. Se trata de acometer el mismo propósito otro con unos representantes del Gobierno y los de una minoría política venezolana, ni reconocidos o designados por la mayoría, ni por los partidos políticos mayoritarios de oposición.

El tema de hoy no es el de hacerle críticas a ninguno de los intentos, toda vez que cada uno de ellos ha sido concebido y conducido hacia la consecución de un fin, a partir de un diálogo que se ha procurado como meta positiva. Igualmente, han sido muchos intentos, sin que ninguno de ellos haya dado ningún resultado. Pero es un esfuerzo meritorio. Sin embargo, inexplicablemente, entre reuniones y modificaciones de esquemas para llegar a la construcción de soluciones, llama la atención que el Soberano, el único dueño del Circo, no haya sido consultado. Y más cuando la Constitución vigente señala, clara y específicamente, en sus artículos 5, 70 y 71, cómo y quiénes son los únicos legítimamente aceptados y que pueden tomar decisiones incuestionables con su voto directo, sobre su destino en este histórico momento. Sin duda alguna, las representaciones legislativas y la Constitución vigente configuran los más valiosos instrumentos políticos y jurídicos ideales para que, a partir del aporte de la voluntariedad venezolana, se pueda comenzar a salir del profundo hueco en el que los propios hijos del país han metido a la Nación y a su futuro. Y si mayor exigencia plantea esa realidad, sin duda alguna, es a quienes ejercen el serio y comprometedor oficio de la política.