El domingo 20 de octubre Bolivia irá a elecciones presidenciales polarizadas entre la propuesta reeleccionista de Evo Morales y la opción opositora de Carlos Mesa por Comunidad Ciudadana. Si bien las últimas encuestas apuntan a una victoria del actual mandatario (la última de ellas de CiesMori señala un 36,2 por ciento a favor de Morales con una ventaja de 9,3 puntos) el hecho cierto es que de no resultar electo con más del cincuenta por ciento de los votos emitidos y diez de ventaja frente al principal contendor, según la ley se activaría la segunda vuelta que ya luce dificil para quien ha gobernado durante trece años. Se recuerda que el 21 de febrero de 2016 un referéndum inclinó la mayoría al “no” para una nueva reelección, decisión que posteriormente fue revocada mediante decisión judicial. De esta manera entraba en juego el tema de las reelecciones que como solía decir en su época Jóvito Villalba han sido “la maldición histórica de América Latina”. Si bien Bolivia representa hoy el más sostenido e importante crecimiento de las economías suramericanas y en los últimos años parecían sepultadas ya históricas disputas étnicas y territoriales, en el plano político la oposición ha logrado ahora una amplia confluencia en torno a un candidato como Carlos Mesa que suma un importante consenso y que no podría considerarse como el tradicional antagonista ideológico de un proceso de cambio. Ello hace que de no cristalizar la victoria de Morales en la primera ronda se abriría espacio para una alianza posiblemente victoriosa en el balotaje.

Cabe destacar, que en los últimos días se han realizado “cabildos de ciudadanos” en Santa Cruz, Cochabamba y otras ciudades importantes que han comprometido a sectores sociales a desconocer más allá de los votos la victoria de Morales incluso en la tanda inicial, por considerarlo ilegítimo por cuanto desconoció el resultado de la prueba antireeleccionista. De esta manera se reactivaría la conflictividad que estuvo planteada en sus primeros años de gobierno con los estados de la llamada “Media Luna”, con epicentro en Santa Cruz de la Sierra y que obligó entonces como respuesta a la convocatoria a una Asamblea Constituyente de Paz para un nuevo texto constitucional. Se copiaría de esta manera el mecanismo que se aplicó en Venezuela para deslegitimar la convocatoria a la Asamblea Constituyente, las elecciones de gobernadores y alcaldes de 2017 y la votación presidencial y de concejales de 2018 que dieron pie para definir un escenario de ilegitimidad que fue asumido también por países del área como el “Grupo de Lima” y posteriormente directamente por Estados Unidos, la Unión Europea, y que se materializó el 23 de enero de 2019 con el reconocimiento de Juan Guaidó en su condición de presidente de la AN, como el jefe de un gobierno alterno. Ya se sabe lo que este esquema ha representado para Venezuela en los últimos ocho meses en términos de mayor confrontación, lo cual de repetirse en Bolivia, está de más repetir cuáles serían sus consecuencias tomando en cuenta que ahora se trata de un terreno históricamente más fértil para los sobresaltos, las sorpresas y los cambios en el poder.