El Consejo Nacional Electoral (CNE), como es lógico, es la referencia de confianza mayor para consultas eleccionarias y en Venezuela en los últimos años ha estado sometido a discusiones y es más a impugnaciones por sectores que no han sido beneficiados con los resultados propios de estos procesos. Es bueno recordar que durante muchos años el otrora Consejo Supremo Electoral en la época en que su presidente fue Carlos Delgado Chapellín por largo tiempo, gozó de una amplia confianza para los partidos que aunque enfrentados en la contienda cotidiana reconocían su mesura y autoridad moral.
En los últimos, años al calor del proceso chavista, las cosas cambiaron de manera significativa hasta el punto de que ahora -por obra de manifestaciones mediáticas sin descartar testimonios y experiencias directas- los partidos opositores consideran que se trata de un órgano al servicio de un proyecto de orientación hegemónica cuyo control del organismo pasa necesariamente por el control inflexible en todos los factores de poder.

De allí que el tema del ventajismo electoral, sustentado y proclamado por factores contrarios al régimen pero también por instancias de la sociedad civil, se haya convertido no solo en un tema para la discusión, sino también en una condición clave que amenazaría la confianza y transparencia necesaria en los actos consagrados por el voto.


¿QUÉ VA A PASAR?

De cara a las alternativas del presente el tema electoral cobra una vigencia fundamental; de allí que se estime como un punto indispensable de discusión por los factores que juegan en la contienda partidista. Para las organizaciones opositoras resulta indispensable una remodelación de la estructura del CNE, pero además de la composición de sus miembros. En las últimas semanas, dado que las llamadas “dos asambleas legislativas” (curiosamente presididas por Juan Guaidó y Luis Parra) apuestan al parecer por nuevas elecciones, se ha planteado la necesidad de designar o elegir un ente electoral que ofrezca un mínimo de garantía en los resultados para los participantes, ya no solo en materia presidencial sino de cara a lo que se avecina para la conformación de una nueva Asamblea Nacional.

De esta manera luce improbable que se armonice un consenso entre sectores cada vez más enfrentados y distantes en una materia vital como la escogencia mediante el voto de un nuevo cuerpo legislativo que tendría incidencia futura en posteriores definiciones en términos de poder. A estas alturas, todo parece alejar la designación por la vía del acuerdo, lo cual representa un augurio poco alentador, pues obligaría a la designación de dos plataformas electorales que se correspondan con la división de la AN en manos de Juan Guaidó y Luis Parra. De ello ocurrir es obvio que el paso inmediato es que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asuma -tal como ocurrió con el llamado “desacato” de la Asamblea Nacional en 2016- la designación de los miembros del ente electoral, cuyo mandato no ha sido vencido aún.

La otra vía, que sería la más recomendable en función del camino hacia la pacificación nacional, supondría la escogencia de los nuevos integrantes como resultado de un acuerdo entre las dos instancias legislativas y conduciría a un cambio no solo para disminuir la conflictividad política sino también para abrir espacio en la ruta democrática y en el camino de la reconstrucción nacional sobre bases de un acuerdo ampliamente consensuado.