Por el Equipo de Política


El jueves 17 Josep Borrell portavoz de la Unión Europea luego de la reunión del organismo con el Grupo Internacional de Contacto y una vez conocido el informe de técnicos de la ONU sobre los derechos humanos en Venezuela, pidió al gobierno de Maduro el aplazamiento de las elecciones parlamentarias para poder enviar observadores. El mismo día, Elliott Abrams encargado del tema venezolano en la Casa Blanca resto importancia a la fecha y señaló que ahora o después se trata de considerar la “ilegitimidad del régimen”.

A nivel nacional, además de los partidos que promueven la abstención, un grupo independiente encabezado por Andrés Caleca, ex presidente del CNE y la politóloga Eglée González Lobato suma apoyos en la solicitud de posponer el acto electoral aduciendo falta de condiciones técnicas del ente ele toral para asegurar la transparencia del sufragio, el efecto de la pandemia del coronavirus en la población y la crisis financiera del Estado para asumir los costos de la operación ante urgentes exigencias de inversión sanitaria y de servicios públicos. El planteamiento fortalece de este modo la línea abstencionista del “G-4” que agrupa a los principales partidos opositores con el respaldo de instancias internacionales y del gobierno de Donald Trump, que plantean la necesidad de elecciones presidenciales y una transición de gobierno.

Los señalamientos de los partidarios del aplazamiento son respondidos por voceros oficiales que señalan que el brote del Covid-19 en el país ha sido menor que en otros países que celebran votaciones en los próximos meses como Estados Unidos, Bolivia, Chile y Ecuador; que en este caso se trata de un sistema automatizado de votación que aligera el sufragio y además la tradición electoral venezolana que cuenta con 25 elecciones en 20 años.


EL PODER EN JUEGO

¿Por qué una elección legislativa con lógico interés nacional es el centro de una discusión que implica a otros países? En situaciones de graves enfrentamientos e incluso con amenazas de guerra la escogencia presidencial supone un cambio de gobierno y posiblemente el rumbo de un régimen determinado, por lo que es comprensible que exista un interés mayor que incluso trascienda las fronteras nacionales. Sin bien el 6 de diciembre se escogerá solo la conformación de la nueva Asamblea Nacional, en este caso ello implica más que la composición numérica de los diputados, y tiene un alcance político fundamental.

Si el oficialismo obtiene la mayoría, (lo cual es posible previendo una significativa abstención impulsada por organizaciones políticas y no solo el desgano común de los electores), el régimen tendría el control de todos los poderes públicos, tal como ocurrió el 2005 que le abriría el camino para profundizar y consolidar el proyecto chavista-madurista. En este escenario, perdería sentido la “Operación Libertad” encabezada por Juan Guaidó que le permitió el 2019 que como presidente de la AN fuera reconocido como "Presidente legitimo” de la República por Estados Unidos y más de 50 países. De allí que la posponían de la consulta por los opositores o la firmeza del gobierno en celebrar la elección el 6 de diciembre no sean meros caprichos de una contienda política.

Análisis del periodista Manuel Felipe Sierra