En los años noventa la tentación y en algunos casos la vocación conspirativa de los sectores enfrentados a gobiernos o propuestas progresistas han cambiado de ruta: la toma sorpresiva del poder ya no se confía únicamente a la suerte y eficacia de los fusiles o la sorpresa de las madrugadas. En el juego de las instituciones y mediante el uso de los recursos legales ahora es posible alcanzar el objetivo de cambiar gobiernos sin derramamiento de sangre y generalmente con el apoyo de la comunidad internacional. Ciertamente el tema de la corrupción sigue marcando el comportamiento de muchos gobiernos ofreciendo un útil y legitimo recurso opositor. Por supuesto el fenómeno no solo se conoce por la consabida apropiación y el desfalco de los recursos públicos sino que ahora asume todas las formas posibles de una cada vez más compleja actividad económica.
En 1993 también en Venezuela se podría encontrar el punto de partida para la aplicación de un novedoso y eficaz mecanismo legal y pacifico para la caída en serie de mandatarios latinoamericanos. En aquel momento con una acusación contra el presidente Carlos Andrés Pérez por el destino de recursos presupuestarios para la ayuda de Violeta Chamorro en la transición de Nicaragua se patentó como marca “la lucha contra la corrupción” para derrocar y cambiar gobiernos. En el caso del mandatario venezolano la máxima instancia judicial que ordenó su enjuiciamiento habría de concluir posteriormente que el delito que se imputaba exactamente no había sido cometido. Pero la caída del gobernante habría de facilitar el juego de nuevos intereses políticos y escenarios impredecibles.

Los nuevos golpes de Estado cobrarían fuerza en Brasil en la última década con la caída e inhabilitación de los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff y Michel Temer por haber sido beneficiados por la llamada “Operación Lava Jato” y los favores de la generosa empresa Odebrecht a los cuales no escaparían tampoco mandatarios y políticos de otros países. En estos casos la justicia brasileña consagró el delito con la figura de la “corrupción pasiva”, es decir, un funcionario podría no haber cometido acciones delictivas personalmente, pero estar incurso y tener responsabilidad de haberlo hecho personas cercanas o bajo su mando. Ello sin duda enriquecía el derecho penal y en la práctica, mediante su comprobación se podría abandonar o acceder al poder. El efecto expansivo provocado por la experiencia jurídica brasilera ha dado cuenta hasta ahora de presidentes en buena parte del continente y su aplicación convertida en una moneda de uso corriente para factores críticos y opositores que sin fortalezas para conquistar el poder por el voto, como solía ocurrir con el golpismo castrense, propician derrocamientos y acceso a los gobiernos como consecuencia de la novedosa y eficaz lucha contra la corrupción pasiva. 

 
“INCAPACIDAD MORAL”

El “efecto Odebrecht” cobró fuerza en el vecino Perú donde hasta ahora todos los mandatarios de los últimos años han sido denunciados y enjuiciados por haber recibido los”beneficios generosos” de la poderosa empresa brasileñas. Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García (quien se suicido ante que enfrentar lo que consideraba una “trampa judicial”) y Pedro Pablo Kuzchinsky cuya destitución el 2018 dio inicio a una crisis que involucró la paralización del poder legislativo y la designación del vicepresidente Martín Vizcarra quien sin contar con el apoyo político suficiente pudor enfrentar una situación critica y sujeta a presiones. Hace dos meses, el gobernante derroto una “moción de vacancia” por supuestos actos de corrupción siendo Vicepresidente según revelaban llamadas telefónicas. Una abrumadora mayoría parlamentaria desechó la propuesta. El martes 9, Vizcarra fue destituido en otra moción de vacancia con el apoyo de 105 votos contra 19 en contra y 7 abstenciones. Ahora se le desalojaba de la Presidencia por manejos irregulares cuando ejercía la gobernación de Moquegua. Es decir, en pocos días se invirtieron los votos. La explicación para los analistas es que dentro de cinco meses habrá elecciones presidenciales y que se abre entonces una cerrada disputa electoral. Vizcarra contaba según las ultimas encuestas con una aprobación del 60 por ciento y había logrado normalizar un clima enrareció de confrontación política y un cuadro de severas complicaciones económicas y sociales incluyendo el costoso impacto del Coronavirus en la población peruana. En este caso la justicia de Lima hizo un nuevo aporte al derecho penal, al sustituir la corrupción pasiva brasileña por el sofisticado delito de “incompetencia moral”.

@Manuelfsierra