Todo indica que el 20 de enero del 2021-salvo que ocurra la sorpresa que todavía pronostica Donald Trump- Joe Biden y Kamala Harris tomaran posesión como Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos por un nuevo mandato de 4 años. De esta manera, finaliza un proceso electoral que alteró la tradicional dinámica de las elecciones estadounidenses toda vez que el actual mandatario Donald Trump, sigue sosteniendo que la contienda estuvo marcada por el fraude y que incluso después que los colegios electorales ratificaron el triunfo de Biden el pasado 14 de diciembre, abría que esperar el 6 de enero para conocer la decisión del Congreso Nacional que podría cambiar la elección.

Más allá de los votos, es indudable que la elección ha puesto de relieve un agudo enfrentamiento social con signos de racismo y xenofobia que parecían erradicados en la disputa partidista de ese país, y que Trump ha logrado conformar una corriente, más allá del Partido Republicano que suscribe un planteamiento populista, en este caso de derecha. Ello se junta al tema económico que enfrenta ya tendencia a la caída y agravado por los efectos del Covid-19, sin hablar de el manejo de la política exterior que ha estimulado la “guerra tecnológica” (China) y la tensa situación que se vive en Irán y varios países del Medio Oriente. En este contexto, el nuevo gobernante ha prometido el regreso al multilateralismo y la revisión de la posición asumida en relación a los tratados antinuclear y el cambio climático.


VENEZUELA EN JUEGO

Por primera vez, el tema de Venezuela si bien no resultaría prioritario para Biden como alguna medida lo fue para Trump para la captura del voto latinoamericano, no escapa a la que serian decisiones a corto plazo de la Casa Blanca. El debate presidencial norteamericano impactó a la política venezolana como si se tratara de una escogencia interna configurando una curiosa polarización entre simpatizantes de ambos candidatos. La razón es obvia: el sector opositor del G4 ha confiado en el apoyo activo de Trump en procura de una salida a la crisis nacional, a través del llamado del “gobierno dual” que encabeza Juan Guaidó, un escenario que provoco la ruptura de relaciones entre dos países que históricamente han mantenido un fluido intercambio diplomático y comercial, y como consecuencia de ello, en los últimos dos años, se han multiplicado y agravado las sanciones y restricciones económicas impuestas al país y que han contribuido decisivamente al colapso de la industria petrolera, la caída brutal del ingreso fiscal y por supuesto a un cuadro económico de recesión cuyos efectos padece la población en general.

En este sentido, es lógico que para los venezolanos surja la pregunta ¿Seguirán aplicándose sanciones de este tipo por el nuevo gobierno o estas serán atenuadas y algunas incluso suprimidas? Si bien Biden no ha opinado sobre el tema dado la crisis venezolana ha crecido la atención de la comunidad internacional en este sentido. No parece probable que entre las primaras medidas del nuevo equipo de gobierno en Washington se tome una decisión en esta materia, toda vez que se trata de una Política de Estado que suscriben tanto republicanos como demócratas, y en el pasado seria el propio Biden, quien habría propiciado como Vicepresidente el llamado “Decreto Obama” que ha servido de base para las imputaciones y medidas tomadas por el gobierno de Donald Trump. No obstante, tomando en cuenta el efecto final del conjunto de sanciones y restricciones que mas allá de su intención inicial han generado severas consecuencias colaterales, es posible que se produzca la revisión de algunas de ellas en materia energética toda vez que también afectan a intereses de ese país como el caso de la petrolera Chevron y otras empresas asociadas a PDVSA.

En este sentido también, se plantea para Biden el dilema de mantener el apoyo al esquema de la “Operación Libertad” de Guaidó conociendo sus resultados dos años después de su aplicación, o se inicie la revisión de una estrategia que estaría siendo solicitada no solo por Venezuela sino por varias naciones que inicialmente atendieron a la exigencia de Trump y ofrecieron apoyo a la operación cuando en buena medida apuntaba a ser exitosa. Ello también establece una exigencia para el gobierno de Maduro, en el sentido de propiciar las bases para un clima mínimo de convivencia que pueda a mediano plazo facilitar el restablecimiento de relaciones y de la convivencia diplomática tradicional. Todo ello por ahora está en el terreno de las hipótesis, pero obviamente en la promesa de Biden de revisar el manejo exterior de Trump debería entrar en el juego también “Caso Venezuela”, y que incluso se retornaría al acercamiento reciproco con el gobierno cubano que en el 2015 inicio Obama.