El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, le ha fijado recientemente a sus compañeros de gestión gubernamental un plazo de noventa días para determinar qué fue lo que realmente sucedió para que, de repente, se hiciera presente la pandemia y los habitantes de la tierra terminaran convirtiéndose en una población sujeta a persecución por un virus. Tal virus, del que se habló por primera vez en noviembre de 2019, al día de hoy, aún mantiene a ¿7.500 millones de personas? sin precisar a qué deben atenerse en lo que respecta al accionar del Covid-19. También a sus mutaciones progresivas y la convivencia inevitable con un incansable proceso de vacunación, a partir de una fabricación en la que las siglas comerciales imponen veracidad, calidad, prestigio y sobrevivencia humana.

En China, asimilaron el mensaje. La vocería no oficial, aunque sí comprometida -como toda burocracia- con lo que traduce gobierno comunista, de inmediato, dejó “rodar” que dicha aparición no se suscitó en tierra asiática, y mucho menos en un laboratorio local. Por el contrario, como era de suponer, una vez más, dejó caer su opinión de que, de haber sucedido algo parecido, por error, equivocación o intencionalmente, fue en el propio ámbito norteamericano, incluso, como consecuencia de un error en un laboratorio.

Por lo pronto, y mientras concluye el citado período establecido, el público de galería, es decir, la población que habita fuera de ambos lugares, China y los Estados Unidos, lleva sobre sus hombros el peso de millones de personas contagiadas, el dolor de millones de habitantes fallecidos, como de otro importante número de individualidades en condiciones productivas que, habiendo “superado” la incidencia del contagio, ya no volverá a ser útil a familias y sociedades. Por el contrario, ha pasado a ser parte de un costo creciente e inevitable, que sólo culminará cuando cese su existencia y se sepa si, finalmente, el Covid-19 llegó para quedarse y mutar constantemente, mientras que las siglas industriales de las vacunas siguen diversificándose, a la vez que la llamada “destrucción de la tierra” a cargo de los propios ciudadanos del mundo, continúa haciendo su trabajo. Por lo pronto, y mientras continúa el proceso de los 90 días, un componente extremadamente comprometedor, como es el hecho de que “no hay vacuna para tanta gente”, y por lo que habría que esperar hasta finales del 2021 para saber si todos los países de la tierra pudieron atender a las necesidades de sus ciudadanos, emerge ante los gobiernos y les conmina a actuar.

En primer lugar, demostrando que hay voluntad y sinceridad en la atención a los gobernados. De igual manera, que su posible acceso a las instituciones globales que disponen de fondos para comprar vacunas y responder a sus ciudadanos, se va a traducir en un trabajo honesto, transparente y acorde con el objetivo previsto. También que el populismo insuflado con fines ideológicos, no puede ser un hecho administrativo más, para alimentar actos de corrupción y justificar falsos equívocos de aliento y asiento, a la vez que poblaciones enteras, con sus vidas, se convierten en una justificación del funcionamiento de “mercados negros”. El retraso con el que los fondos disponibles y procedimientos administrativos se están aplicando ante situaciones como las de India, parte de Africa y la propia Latinoamérica, definitivamente, no puede pasar a ser un hecho sonriente y normal. Sobre todo cuando se observa que ya hay países que vienen de regreso, luego de haberle hecho frente al problema desde finales del 2020. Además de que ya han comenzado a acelerar la marcha en nuevas acciones, a la vez que les dejan saber a sus ciudadanos que los sacrificios y costos de ayer, son los que hoy hacen posible que las nuevas fases del problema sanitario, tengan otras menos complicadas características.

Ahora, en el caso específico de América Latina. ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo? ¿Qué resultados se han obtenido? Por lo pronto, más allá de la referencia específica de Chile, el resto se comporta hoy entre subidas y bajadas; inicios y tareas inconclusas; migraciones presionadas por el miedo y la inseguridad; y ante ejemplos adicionales como es el caso de Venezuela, bastaría con consultar a la población acerca de lo que considera que ha sucedido, se está emprendiendo, y qué resultados estima que se ha logrado. Quizás, la conclusión sería la de que la convicción colectiva es la de que, al día de hoy, después de más de un año de anuncios, decisiones, discursos y promesas, todo se ha traducido en preocupación, miedo y la creencia de que no se ha hecho lo que debería estarse haciendo. A la vez que la pandemia mantiene una exposición de fuerza poderosa, de evolución incontenible y de dominio absoluto en varias regiones del país.

¿Por qué?: gracias a que al servicio de salud, sencillamente, es otro enfermo más, huérfano de fondos, medicinas, médicos y de estrategias operativas. Con junio del 2021, el nuevo anuncio gubernamental se apoya en la afirmación de que se estará poniendo en marcha la segunda jornada de vacunación masiva contra el Covid-19. Y que eso consiste en que se procederá en 27 centros de vacunación, aunque en lo sucesivo se aumentarán a 77. Desde luego, escuchar tal anuncio, a la par de que la vacunación en cuestión favorecería al 77% de la población, equivalente al 22% de personas, son los cálculos individuales y familiares los que emergen como dedos indicadores con respecto a en qué consisten los anuncios, en qué vacunas se apoyará el procedimiento sanitario gubernamental, y a qué deberán atenerse los vacunados, después de que concluya la materialización del acto oficial.

La condición de hijo venezolano, de vivir en Venezuela, y compartir hogares con hijos, nietos y vecinos angustiados por el mismo hecho, obliga a quienes se refieren a esa criollización de la pandemia, a señalar que al Gobierno nacional le corresponde administrar un procedimiento médico y sanitario ajustado a la verdad. Pero, además, al alcance de un acto que tiene que hacer posible la consecución de una decisión de proyección mundial: convencer a la ciudadanía de la seriedad de lo que se está haciendo, y que la población puede confiar en que el hecho de ser vacunado, es un paso necesario en beneficio suyo, familiares y resto de la población.

Adicionalmente, en que ese mismo Gobierno tiene que hacerle frente, y de manera decidida, a la avalancha de ofertas de vacunas, vacunaciones apuntaladas por la garantía de ser verdaderas, útiles y también confiables. De un bien médico que, lamentablemente, se ofrece con base en al apoyo de que se trata de la respuesta que las autoridades no han sabido brindarlas debida y oportunamente. Por lo pronto, sólo queda exhortar a las autoridades a actuar con transparencia. Y a los ciudadanos a no hacerle el juego al “mercado negro”, adquiriendo vacunas de origen desconocido, y prestándose al riesgo peligroso de entregar la vida particular o familiar a quienes, desde luego, sólo andan a la cacería del beneficio que emerge de la lentitud con la que se producen decisiones administrativas públicas.