Por Luis Fidhel


Tras el derrocamiento de Rómulo Gallegos el primer presidente electo por elecciones universales, directas y secretas, en noviembre de 1948, Rómulo Betancourt líder y para el momento secretario general de Acción Democrática atribuía que el teniente coronel Marcos Pérez Jiménez siendo Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en un viaje al sur del continente a comienzos de 1948; se reunió con Juan Domingo Perón “profeta” de la cruzada militarista americana; y de regreso a Caracas visitó Lima donde seguramente acordó tácticas comunes con el general Manuel Odría, quien fuese su profesor en la Escuela Superior de Guerra del Perú, ultimando detalles de la “militarada” con que iba a derrocar al gobierno civil venezolano.
Pérez Jiménez - según Betancourt- adelantó desde la Jefatura del Estado Mayor una “intensa campaña de desmoralización” en la oficialidad de servicio activo circulando todas las calumnias imaginables para desacreditar a los hombres que ejercían el poder, al partido de gobierno y oficiales de las Fuerzas Armadas leales a la Constitución y las Leyes.

Los gobiernos de Odría y Pérez Jiménez mantuvieron un discurso anti-comunista y se identificaron con los valores pro occidentales propios del comienzo de la Guerra Fría. Perón al contrario se manifestó populista, anti oligárquico y antiimperialista.
El general Manuel Odría había derrocado al gobierno civil elegido por un proceso electoral en julio 1945, de José Luis Bustamante y Rivero el 27 de Octubre de 1948; alegando encontrarse el Perú en un caos moral y político mas grave de su historia para el momento y sus instituciones republicanas se encontraban en una etapa de dolorosa e inquietante crisis; cuya única solución consistía en un cambio integral de métodos y hombres en la dirección del Estado, justificando la acción golpista y surgimiento de un “gobierno revolucionario”.

Señala Odria, el partido APRISTA peruano, calificado como una organización internacional de índole marxista, totalitaria y criminal disfrutaba del predominio parlamentario, municipal y administrativo que favorecía la “excesiva tolerancia” del gobierno de Bustamante. Como consecuencia de la “hegemonía sectaria” que ejercía el APRA, la función del Poder Legislativo fue escarnecida, la corruptela administrativa había alcanzado proporciones intolerables y el aumento innecesario de la burocracia, entre otras causas puso a la hacienda publica en estado de falencia.

La razón fundamental del “gobierno revolucionario” era la eliminación del “peligro sectario” que representaba el APRA desde hacia veinte años en cuatro regímenes políticos –Cerro, Benavides, Prado y Bustamante – no había hecho sino delinquir en todas las formas y contra todas las personas e instituciones sistemáticamente: el individuo, la familia, el hogar, escuela, iglesia, instituciones militares y civiles y la patria misma. Califica al líder aprista Víctor Raúl Haya de la Torre por un dirigente totalitario quien por su afán “absorbente y hegemónico” anulo cada intento de “fraterna convivencia” por nuevas traiciones porque su tendencia lo llevo a vivir al margen de la Ley dentro del propósito de apoderarse integra y absolutamente del gobierno nacional para someter al Perú a una aplastante tiranía nazi-comunista.
En virtud de los compromisos internacionales adquiridos particularmente la Novena Conferencia Internacional Americana de Bogotá de abril de 1948 y preceptos en la Constitución de 1933, vigente para la época; se procedía a declarar fuera de la ley a los partidos comunista y aprista, para eliminar todo brote soviético o totalitario capaz de representar peligro para las bases de la organización democrática o signifique una amenaza para la paz y seguridad del hemisferio; pues carecería de lógica y de ética después de haber firmado el Pacto de Bogotá, el Perú consintiese en que los terroristas por antonomasia pudiesen proseguir su tarea desquiciadora.

Se decreta la Ley Nº 11049 del julio de 1949, de Seguridad Interior de la República utilizada para reprimir a los políticos opositores particularmente del APRA como también los que simpatizaban con las ideas marxistas.

En 1949, la Junta Militar de Gobierno designo una a comisión encargada de formular un ante proyecto de Estatuto Electoral para las elecciones generales que se realizarían en julio de 1950. La constitución vigente para la época -1933- señalaba quienes desempeñaran funciones publicas y postulaban a la presidencia de la República debían renunciar seis meses antes; decidiendo Odría dejar el cargo de jefe del Gobierno Revolucionario en mayo; nombrando en su lugar mediante decreto Ley el presidente del Consejo de Ministros el general Zenón Noriega. El proceso eleccionario adoleció de candidatos opositores señalándose que los movimientos, alianzas y partidos políticos de oposición fueron perseguidos o impedidos a participar en el proceso electoral al no ser inscritos por el Jurado Nacional de Elecciones. El lema de la campaña y programa del candidato Odria “Salud, Educación y Trabajo” posteriormente seria el de su gobierno.

El 24 de noviembre de 1948; es derrocado Rómulo Gallegos; constituyéndose una Junta de Gobierno presidida por el ministro de Guerra y Marina del gobierno derrocado, Carlos Delgado Chalbaud. Las iníciales causas de justificación seria la incapacidad del gobierno para resolver la crisis existente en el país debido a la intromisión de “grupos políticos extremistas”, la decisión de una huelga general e incitación a las masas para cometer actos vandálicos y alterar el orden; asumiendo plenamente las Fuerzas Armadas Nacionales el control de la situación para velar por la seguridad de la Nación y lograr el definitivo establecimiento de la paz social en Venezuela. Chalbaud afirmó categóricamente que el movimiento no se oriento hacia una dictadura militar y convocaría a una consulta electoral en igualdad de condiciones.

Se acuso a Acción Democrática de sectarismo, ventajismo electoral, preparación para el ejercicio abusivo del poder e intentos de sembrar la división en el seno de las Fuerzas Armadas. También a pesar de pregonar de ser un partido nuevo, continuaba con los vicios políticos que caracterizaron los anteriores gobiernos; aprovechando seguidamente del poder para su propio beneficio, implantando el sectarismo político manteniendo una agitación permanente y trayendo “el desbarajuste” total de la República.

El 9 de diciembre se publica el Decreto de Disolución del Partido Acción Democrática; entre otros considerandos se alego que trato de desnaturalizar la esencia institucional de las Fuerzas Armadas y dejo de ser un grupo de opinión política para transformarse en una facción que aspiraba mantenerse en el poder por la fuerza y por diversos medios de desintegración social. Acción Democrática asumiría la insurgencia clandestina destacando como líderes asesinados Leonardo Ruiz Pineda, Alberto Carnevali, Antonio Pinto Salinas.

Para el primer aniversario del golpe; se anunciaría la designación de una comisión que redactara un nuevo Estatuto Electoral para que en su oportunidad superadas por “nuestra evolución social”, proceder libre y ordenadamente a la organización constitucional del poder con la integración de un poder constituyente elegido en forma democrática, sin presión oficial. En noviembre de 1950, la Junta anunciaría la convocatoria del proceso electoral; pero a los pocos días sería Chalbaud asesinado. Seria designando por la Junta Militar a Germán Suarez Flamerich como presidente quien se venia desempeñando como ministro de Relaciones Exteriores.

En noviembre de 1952, se realizo el proceso electoral para la elección de miembros de una Asamblea Nacional Constituyente, siendo elegidos la mayoría de miembros del partido Unión Republicana Democrática ; para posteriormente modificarse el resultado a favor del partido oficialista Fuerza Electoral Independiente (FEI) desconociéndose el triunfo de la oposición; produciéndose la renuncia de Suarez Flamerich. Se conformaría la Asamblea Nacional Constituyente con absoluta mayoría oficialista designando a Marcos Pérez Jiménez como presidente constitucional de la República por el lapso de 5 años como contemplaba la nueva Constitución del abril de 1953.

Hacia 1954, el gobierno del general Odria comenzaría a presentar señales de descomposición. El diario La Prensa en un editorial de julio de 1955, exigieron la declaratoria de nulidad de la Ley de Seguridad Interior, reforma electoral y amnistía política. Se produjeron rebeliones civiles destacando de la ciudad de Arequipa de diciembre de 1955.

Se convocaría a elecciones en 1956; Odría renunciaba a ser candidato a la reelección. Se otorgo amplios poderes al dirigente aprista Ramiro Prialé para que negociara con los candidatos el apoyo a cambio que se amnistiara a los militantes y legalizara al partido lo cual incluyo al propio Odria. Se eligió a Manuel Prado (1956-1962) a quien los apristas consideraban “la línea más fuerte y más segura” a seguir y ofrecía seguridades por su posición económica y vinculaciones militares para defender las elecciones dándole apoyo oficialmente en marzo de ese año.

El gobierno de Prado fue sostenido por un frente amplio en el congreso de apristas y partidarios de Odría denominándose “periodo de convivencia” condicionado según el APRA que se mantenga el régimen de derecho y libertad. Haya de la Torre no lo considero un cogobierno sino un entendimiento para conservar el orden constitucional. Incluía un acuerdo conocido como “pacto de Monterrico” secundado por el APRA; comprometiéndose el nuevo gobierno a no investigar hechos de corrupción del gobierno de Odría denunciados públicamente y al detalle por dirigentes de oposición. Se derogaría la Ley de Seguridad Interior y se levantaría la proscripción que pesó sobre el APRA legalizándose y amnistiaría a los presos políticos y exiliados.

Conforme a la Constitución venezolana de 1953, en el año 1958, se iniciaría un nuevo periodo constitucional (1958-1963) para lo cual se convocó a un nuevo proceso electoral; la oposición presento una candidatura de consenso en torno al líder socialcristiano Rafael Caldera. Posteriormente es cambiada por la realización de un plebiscito para consultar sobre la continuidad del gobierno, realizado en diciembre de 1957, ganando la opción afirmativa. Esta situación produjo el descontento de la población destacando las protestas estudiantiles pero también resquebrajo el apoyo militar a Pérez Jiménez quien abandonaría la presidencia el 23 de enero de 1958; refugiándose en la República Dominicana inicialmente; para después establecerse en EEUU.

El 16 de agosto de 1963, el juez Arthur Goldberg, de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, dio un fallo final donde declaraba sin lugar las peticiones presentadas por los abogados para evitar su extradición de Pérez Jiménez solicitada por el nuevo gobierno del presidente Rómulo Betancourt; quien se encontraba preso desde diciembre de 1962. El 1 de agosto de 1968, fue sentenciado a cuatro años, un mes y quince días de prisión por peculado y malversación de fondos al erario nacional. Al tener cinco años encarcelado, mientras duró el juicio, fue liberado inmediatamente. Se radicaría en la ciudad de Madrid. En mayo de 1973, se aprobó la primera enmienda a la Constitución de 1961, que impidió su postulación para optar a la presidencia de la República. Fallecería en septiembre de 2001, en España donde fijo su residencia definitiva.

En el proceso electoral de junio de 1962, el nuevo Congreso de mayoría aprista debía ratificar como presidente al candidato Haya de la Torre en ocasión al empate técnico con Fernando Belaunde Terry quien obtuvo el segundo lugar, el tercero Manuel Odria. Las denuncias de fraude realizadas por Belaunde aunado al antiaprismo tradicional de las fuerzas armadas produjo un golpe de Estado comandado por el general Ricardo Pérez Pio Godoy. Se convoco un nuevo proceso electoral en Junio de 1963, donde nuevamente participaría Odría como Haya de la Torre siendo elegido Fernando Belaunde Terry; pero sin tener mayoría parlamentaria en ninguna de las dos cámaras volvió al país ingobernable.
La falta de acuerdo entre Belaunde Terry y Haya de la Torre conllevo a este último a aliarse con los partidarios de Odría en el legislativo; teniendo expresión política en el congreso como la coalición APRA –UNO (Unión Nacional Odriista) ofreciéndose un dialogo y compromiso permanente entre el APRA y aliados. Manuel Odria fallecería en Lima en febrero de 1974.

El escritor Mario Vargas Llosa señalaría que el clima de cinismo, apatía, resignación y podredumbre moral del “ochenio” de Odria fue la “materia prima” de su novela Conversación en La Catedral: Una dictadura militar en una “sociedad embotellada” en la que estaban prohibidos los partidos y las actividades cívicas, la prensa censurada, numerosos presos políticos y centenares de exiliados, los peruanos de su generación pasaron de niños a jóvenes y de jóvenes a hombres. Todavía peor que los crímenes y atropellos cometidos con impunidad fue la profunda corrupción que desde el poder, irradio hacia todos los sectores e instituciones, envileciendo la vida entera.