Es cierto que en el relato oficialista se sobreestima el impacto de las sanciones en el esquema de la llamada “guerra económica”, y que éstas como en el caso del petróleo se refieren a sectores que de antemano se resentían de fallas y problemas productos de políticas erróneas, una obvia incompetencia y una galopante corrupción. Pero también es cierto, como claramente lo expresó el exembajador en Venezuela y exsecretario adjunto de la Oficina Internacional Antinarcóticos de EEUU, William Brownfield, que las sanciones no crean necesariamente los problemas pero sí buscan complicar sus posibles soluciones, lo cual resulta patente en el caso de la crisis eléctrica que ha configurado ya un catastrófico apagón nacional. Todo ello sin reparar en el tema de la desconfianza y el temor que medidas de esta naturaleza aplicadas por el país más poderoso del mundo desatan en el ámbito internacional. Sin que exista una relación directa entre ellas y la actividad comercial e industrial, generan como se sabe un cuadro de desconfianza e inhibición en factores que resultan claves para las relaciones económicas y particularmente en el ámbito financiero. En este sentido, se explican las casi cotidianas declaraciones de Mike Pompeo, John Bolton y Eliott Abrams sobre la puesta de “todas las opciones sobre la mesa” las cuales acrecientan temores, preocupación y recelo en los agentes comerciales. No por casualidad Venezuela es el país latinoamericano que registra mayor nivel de desconfianza para los inversionistas de acuerdo a recientes cifras de organismos internacionales.

Si bien es cierto que la prolongación de las sanciones como revela la experiencia en otras naciones se revela contraproducente por cuanto sus efectos profundizan las calamidades nacionales y en la mayoría de los casos despierta un mecanismo de defensa patriótica en todos los sectores sociales, en este caso habría que añadir que ellas si bien están dirigidas puntualmente, se inscriben también en el cuadro de la megacrisis que afecta la vida del país y apuntan a un grave retroceso histórico con lo cual se impone la necesidad de un cambio de rumbo de los factores de poder como la única manera de bajar la presión externa y facilitar en lo interior los factores fundamentales para la reconstrucción nacional.