La presencia en el país por tres días de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, como era de esperar ha despertado gran interés tomando en cuenta que en su informe oral de actualización sobre la situación de derechos humanos en Venezuela del 20 de marzo sentenció: “me preocupa profundamente la reducción del espacio democrático, en particular la continua criminalización de la protesta y la disidencia pacíficas”, una situación que lógicamente se ha agravado después de los sucesos del 30 de abril dirigidos a provocar una acción militar inscrita en la llamada “Operación Libertad”. A raíz del hecho y la liberación de Leopoldo López, se han producido allanamientos a la inmunidad y detenciones de un importante grupo de parlamentarios, entre ellos el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Édgar Zambrano. La funcionaria y expresidenta de Chile en su intervención también se refirió a “una vasta crisis humanitaria” que según sus datos “ha ocasionado que más de 3 millones de personas han huido de Venezuela, en busca de comida, atención médica, empleo y protección”. La exposición de la funcionaria se basó en el informe de un equipo técnico enviado por su oficina que visitó el país y estableció contactos con diversos organismos del gobierno y de la sociedad civil.

La esperada visita de Bachelet que ha comprendido reuniones con Maduro y Guaidó (además de los presidentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el fiscal general de la República, la Defensoría del Pueblo y partidos políticos del oficialismo y la oposición) sirve para constatar y reafirmar los términos del informe de sus técnicos, pero en este caso también seguramente para una gestión de acercamiento ya en el plano puramente político y más allá de sus funciones específicas -tomando en cuenta su influencia como exmandataria y dirigente socialista- para terciar en las gestiones que se realizan en el exterior en procura de un acuerdo político que facilite salida a un grave cuadro político, económico y social.

El testimonio que ofrezca Bachelet como resultado de su viaje, será materia sin duda de consideración por los países que vienen procurando respuestas a la crisis mediante la convocatoria de elecciones en las recientes reuniones de Oslo, Nueva York, Guatemala y Estocolmo. Seguramente el tema volverá al seno de la Asamblea General de la ONU y en el mismo también habrá referencias al efecto de las sanciones económicas impuestas por Donald Trump al país, toda vez que para el organismo ellas también suponen violación a los derechos humanos en cuanto a sus efectos para la población en general. Ciertamente un nuevo elemento que confiere todavía mayor interés y atención de la comunidad internacional por el desenlace del ya reconocido “caso Venezuela”.