Tan exiguo fue el aumento de salario mínimo decretado a partir del 1° de octubre, que el Inquilino de Miraflores prefirió no incorporarlo a los recurrentes anuncios que hace en sus rutinarias cadenas nacionales de radio y televisión. Por el contrario, como vocero no escogió ni siquiera a ningún ministro de la economía, sino a un miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que, adicionalmente, no ostenta en estos momentos cargo ejecutivo alguno.

El nuevo nivel del salario mínimo tiene la distinción de ser inferior a los que rigen en Cuba y Haití, y es casi seguro que sea el más mísero del mundo. En $ 7,50 por mes, y a la tasa de cambio del día del anuncio ($ 15,00 para los trabajadores activos si se le suma el bono de alimentación), es tan sólo $ 0,25 diarios o $ 0,04 por hora de trabajo. Las comparaciones huelgan, sobre todo si se toma en cuenta que, según la ONU, para estar por encima de la línea de pobreza, el salario mínimo diario es de $ 1,90.

Es obvio que quien reciba tan insignificante suma, para efectos prácticos, debería considerarse poco menos que desempleado, lo que indica que los niveles de desempleo real en la economía venezolana, son infinitamente mayores a lo que exhiben las maquilladas cifras oficiales que se publican ocasionalmente.

La pregunta es: ¿cómo se puede revertir esta agónica situación en la que cada ajuste al salario mínimo parece hacer que el mismo retroceda un peldaño más hacia la insignificancia total?

El problema de fondo es que en el sector público y en las empresas del Estado, que es donde prevalece el salario mínimo o un múltiplo de él, y que si acaso llega a tres salarios mínimos, no se produce prácticamente nada. Realmente, los organismos públicos lo que producen son trabas para impedir que la economía pueda funcionar. Mientras que las empresas públicas, o están totalmente paralizadas, como es el caso de Sidor, Venalum, las refinerías petroleras, la petroquímica y un larguísimo etcétera, o producen a una fracción de su capacidad instalada, como es el caso de las cementeras, por lo que, como consecuencia, operan a pérdida.

El resultado de esta debacle es que lo poco que se logra producir, lo hace el sector privado, inclusive, superando los múltiples obstáculos de trabas gubernamentales y de ausencia de insumos de empresas del Estado, ahora monopólicas después de 20 años de estatizaciones.

Estas empresas privadas, si bien a niveles que aún son reducidos, pagan salarios sustancialmente mayores al salario mínimo. Y ofrecen una indicación de hacia dónde podrían ir los salarios, si la economía, en su conjunto, pudiera dar un giro de 180 grados, orientándose a producir bienes y servicios, en vez de a impedir que estos se produzcan como ahora sucede.

El ejemplo más cercano a lo que hoy por hoy sucede en Venezuela, definitivamente, es la situación de los países del Este Europeo y la Unión Soviética, en los estertores de ese fracasado modelo socio económico que se llamó comunismo o "socialismo real". La única diferencia es que en esos países algo se producía en las empresas públicas, si bien de bajísima calidad y a precio excesivo.

De por sí, el Estado venezolano, en sí, era bastante macrocefálico en los inicios de la era chavista. Pero existía un vigoroso entramado de empresas privadas. Inclusive, se había avanzado en la desestatización de empresas productivas públicas cuya eficiencia aumentaba al pasar al sector privado.

Definitivamente, el cementerio y la sala de cuidados intensivos de empresas estatizadas son la primera barrera a aumentos de producción eficiente que permitan iniciar una recuperación del salario. Nunca debió permitirse que el salario llegara a los niveles de penuria en que ahora se encuentra. Por lo que, quizás sólo devolviéndolas al sector privado y reduciendo la burocracia entrabadora que impide la actividad creadora y productiva, podrá revertirse la destrucción del salario que ha causado el "socialismo del siglo XXI".