SURAMÉRICA
Brasil y Argentina que conforman el eje dinámico de Suramérica, tratan de despejar serias incógnitas. La elección de Jair Bolsonaro, en buena medida obedeció a la inhabilitación de Lula Da Silva y a un mensaje supranacionalista que confronta el planteamiento democratizador continental que sustentaron los mandatos del ahora presidiario y de su heredera ideológica Dilma Rousseff. Ello explicaría que más allá de un mandato altamente polémico y sustentado por las Fuerzas Armadas el gobernante tenga ahora que enfrentar crecientes demandas en términos de compensación social y equilibrio político. En Argentina, el gobierno de Mauricio Macri sometido a la prueba suprema de la elección presidencial el 27 de octubre ofreció marco a una amplia y consistente resistencia que apunta a la posibilidad de un nuevo gobierno peronista, en este caso encabezado por Alberto Fernández, pero en verdad soportado en la fortaleza militante de la candidata a vicepresidente Cristina Kirchner. El domingo 27 Uruguay también habrá de elegir nuevo gobierno donde existe la posibilidad de que Daniel Martínez del Frente Amplio prolongue por un nuevo periodo el mandato de una alianza que se sabe define una línea contraria al planteamiento considerado neoliberal.

CHILE, BRASIL Y PERÚ
No menos grave se torna el escenario en países como Chile (sometido ahora a un serio dilema ideológico entre la propuesta moderada de Piñera y la resurrección del mensaje socialista en su momento de Salvador Allende) lo cual ha determinado incontrolables actos de violencia, incluso la posibilidad de una salida del Presidente, toda vez que las acciones han contaminado y comprometido a factores organizados de obreros, empresarios y partidos políticos cuya eficacia operativa incluso se consideraba disminuida. En Brasil la gestión de Jair Bolsonaro si bien es cierto no ha generado reacciones costosas como las registradas en las naciones vecinas, demuestra sin embargo graves dificultades para que sus lineamientos políticos puedan ser exitosamente implementados, tomando en cuenta la fortaleza nunca desmentida del Partido de los Trabajadores y sus aliados que decidieron y sustentaron los gobiernos de Lula y Rousseff.

En Perú el presidente Martín Vizcarra logró sortear una crisis de gobernabilidad (lo cual de ninguna manera significa el retorno a la convivencia constitucional) frente al peso indiscutible que ejercen las organizaciones asociadas al planteamiento del prisionero Alberto Fujimori y ahora asociadas, al menos en el tema legislativo, con las tradicionales fortalezas del APRA estimuladas sin duda por el reciente suicidio de su líder Alan García.

También en Ecuador en días recientes se han vivido tensas situaciones de violencia con saqueos y atentados contra empresas y organismos públicos que ciertamente han sido reprimidas y disminuidas, en su propuesta fundamental por la rectificación del gobierno de Lenín Moreno (como en el caso del incremento de los precios del combustible) ponen en evidencia un grave enfrentamiento que habrá de persistir en la medida en que las consecuencias de la crisis política y económica se hagan más agudas.

Ni hablar de Colombia donde las elecciones del 27 de octubre para gobernadores, alcaldes y cuerpos regionales y cuyos resultados ciertamente no incidirán de manera directa en términos de la gobernanza presidencial, seguramente pondrán de manifiesto las severas tensiones provocadas por el renacimiento de la insurrección guerrillera y una violencia generalizada que en los últimos días se ha expresado en la muerte de numerosos representantes de la sociedad civil quienes apostaban a favor de la vigencia de los Acuerdos de Paz entre gobierno y FARC, suscritos por el presidente Juan Manuel Santos.

CENTROAMÉRICA
Si bien no con los elementos explosivos suramericanos, Centroamérica enfrenta también graves complicaciones determinadas por los temas de las migraciones, la generalización de hechos de corrupción al más alto nivel y la presencia activa de los grupos impulsados por el narcotráfico. No es casual entonces que el presidente mexicano Manuel López Obrador haya considerado que la liberación del hijo del “Chapo” Guzmán heredero de los grupos narcotraficantes dispone de una capacidad de respuesta superior incluso a la de los propios organismos policiales. No se diga del caso de Honduras, donde su presidente Juan Orlando Hernández es acusado en vías de un enjuiciamiento por vinculación con el narcotráfico, ni tampoco lo que ocurre ahora en Panamá con protestas y manifestaciones que parecían postergadas en un país que registra interesantes niveles de crecimiento económico y de inserción social.

¿Y VENEZUELA?
De alguna manera la actual situación latinoamericana se vincula con la vivida por Venezuela a lo largo de veinte años, caracterizada por la emergencia de un proyecto político denominado “Revolución Bolivariana” que habría de contrariar la elogiada rutina constitucional de los últimos años después del ciclo de las dictaduras militares y los gobiernos cuyas políticas eran asimiladas a la receta neoliberal del Fondo Monetario Internacional (FMI). Ello hace que más allá de un interés directo es obvio que la influencia del gobierno de Nicolás Maduro tenga resonancia (como ocurrió con Fidel Castro en la década de los sesenta) con lo que ocurre actualmente en el continente. El hecho cierto es que América Latina (y de otra manera no se explica el interés mundial por el tema) pasa a ocupar nuevamente una alta preminencia en el análisis y la consideración de los conflictos de esta época.