Aurelio F. Concheso

Junto con México, Chile es el único país latinoamericano que pertenece a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un selecto grupo que reúne a los países democráticos más desarrollados del mundo. Con el puesto 15 en libertad económica, el 34 en libertad humana, 27 en el índice de Transparencia Internacional de percepción de la corrupción, un ingreso per cápita de $ 15.600, un salario mínimo de $ 430 y décadas de cifras macroeconómicas estables, hace escasos 30 días, hubiera sido el último lugar en la región en que se pensaría que explotara una manifestación de ira colectiva como la que ha sacudido a ese país en las últimas semanas.

Por demás, la chispa que encendió la pradera fue un modesto aumento de 3,7% en las tarifas de hora pico del Metro de Santiago. Para sorpresa de todos, ese evento fue el detonante de cadenas de manifestaciones, saqueos y destrucción de propiedad pública y privada inusitados. Provocó también que se suspendieran las reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) ni de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), programadas en Santiago para noviembre y diciembre respectivamente.

La insatisfacción es de grandes proporciones, abarca no solo los sectores populares, sino una parte importante de la clase media, y en retrospectiva llevaba un largo tiempo incubándose. Tal vez los primeros destellos fueron las manifestaciones estudiantiles de hace unos años, exigiendo la gratuidad de la enseñanza superior. Claro que cuando se habla de gratuidad, es un decir, porque alguien tiene que pagar lo que el estudiante no pague, y cuidado si eso no termina en otro subsidio perverso a expensas de los que no llegan a cursar estudios universitarios.

Uno de los reclamos importantes tiene que ver con insatisfacción con el sistema de pensiones. El mismo fue el primer sistema exclusivamente de capitalización individual del Continente, y de los primeros del mundo. Su éxito inicial se debió entre otras cosas a que cuando se inició, la economía chilena crecía a un ritmo elevado gracias al conjunto de políticas pro mercado implementadas, que permitieron que los rendimientos de las carteras individuales promediaran el 7% o más anual. Estos rendimientos a su vez, hacían que a la edad de retiro, quienes estaban en el sistema lo hicieran con entre 80% y 90% de su último salario.

La crisis financiera mundial de 2008, y la respuesta a la misma de los bancos centrales del Mundo inundando los mercados con liquidez, ha hecho que en los últimos años esos rendimientos bajen a menos de la mitad de lo que una vez fueron. ¿El resultado? Los que ahora se retiran lo hacen con un 40% a 50% de su último salario, y en una economía que se moderniza con más velocidad que la de sus vecinos se les dificulta que no imposibilita complementar ese ingreso.

Las soluciones a ese dilema, que aqueja todas las economías desarrolladas no son fáciles. Volver a un sistema tradicional de pensiones "de reparto" o contribuciones definidas no va a resolver el problema, porque el aumento de la expectativa de vida a la edad de retiro hace que cada vez haya menos trabajadores activos contribuyendo a mantener a los pensionados. Eso requiere un aumento políticamente inviable al impuesto de nómina… o impresión de dinero para mantener la ilusión del pago, que luego devorará la inflación.

La salud, la poca movilidad social de quienes están cerca del salario mínimo, y la percepción del distanciamiento de la clase política de los problemas cotidianos de la gente, forman también parte de una agenda cuyo desenlace seguramente sentará pautas en la región. Más que un problema de izquierdas y derechas, es uno de cómo se insertan en la nueva economía tecnológicamente disruptiva, las sociedades que, como la chilena, ya han avanzado en su desarrollo, sin perder la vitalidad, el equilibrio y la paz social.