José Antonio Gil Yepes

Un estudio de 80 casos ocurridos entre 1914 y 1990, Gary Hufbauer (Economic Sanctions Reconsidered, 1999) concluyó que en 69 de ellos, el 86%, se habría logrado que sanciones económicas cambiaran el régimen político del país sancionado. Sin embargo, Robert Pape (“Why Economic Sanctions Still Do Not Work”, International Security 23, 2008) validó 40 de esos 69 casos, llegando a conclusiones diferentes: sólo en 5 de ellos, o el 12,5%, las sanciones habrían tenido éxito. En 18 casos el cambio de gobierno se debió a sanciones más fuerza militar. En 8 no se evidenció cambio político, en 6 casos las sanciones no fueron económicas sino militares y en 3 de ellos se aplicaron varios mecanismos. Lo anterior sugiere que las sanciones económicas puras tendrían una baja efectividad en cambiar gobiernos; que habría que tener más precisión en la definición de los conceptos; y plantearse hipótesis complementarias, tales como el papel que tendrían la articulación y movilización de la oposición al gobierno que se busca cambiar.

Las sanciones económicas pueden dañar intereses del sancionador porque dejan un vacío que otras economías pueden ocupar. Esto es obvio si se considera que la mayor economía, la de Estados Unidos, sólo produce el 25% del PIB mundial, el 13% de las exportaciones y el 16% de las importaciones. En Venezuela, el vacío que deja Estados Unidos lo están llenando Rusia y China, entre otros países. El gobierno que sanciona excluye a sus empresas del mercado del país sancionado, castiga al consumidor y éste pierde los beneficios de las inversiones de las empresas oriundas del país sancionador.

La baja efectividad de las sanciones como herramienta de cambio y sus efectos negativos en la economía local pueden explicar que el 54% de los venezolanos está en desacuerdo con las sanciones; el 67% evalúa mal la gestión de EEUU por el bienestar de Venezuela; solamente el 14% piensa que “las sanciones serían efectivas para cambiar el gobierno de Nicolás Maduro”, mientras que el 37% opina que “Maduro se aferraría más al poder” y el 38% señala que dichas sanciones “no tendrían ningún efecto sobre lo que va a pasar”.