El presidente Eleazar López Contreras (1883-1973) comprendió el momento histórico y reaccionó con talante democrático y espíritu civilista ante las protestas populares que se desencadenaron al fallecer, el 17 de diciembre de 1935, el Gral. Juan Vicente Gómez, quien había gobernado Venezuela con mano de hierro durante 27 años (1908-1935).

El 21 de febrero de 1936, el general civilista presentó al país el Programa de Febrero, el cual introdujo no sólo sustanciales reformas políticas, económicas, financieras, fiscales, sociales, laborales, educacionales, sanitarias y de comercio y política exterior, sino que podemos afirmar que fueron la base del exitoso esquema de transición democrática en Venezuela. A nuestro juicio, a la exitosa implantación del Programa de Febrero, seguido del Plan Trienal presentado por el presidente en enero de 1938, se debió que Venezuela se encaminara definitivamente hacia una democracia liberal en el sentido universal de la palabra.

El Programa de Febrero marcó también un antes y un después en el modelo económico del país, al separarse de la visión liberal de que el Estado no debía intervenir en la asignación de recursos productivos para la provisión de bienes y servicios, para convertirse en un Estado social, como lo denominó su ministro de Agricultura y de Hacienda, el economista merideño Alberto Adriani (1908-1936), donde aquel asume un rol proactivo y no pasivo en la economía, al definir políticas económicas para que el sector empresarial privado pueda desplegar todo su potencial como motor de la economía. Todo ello dentro de un Estado de Derecho capaz de garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos y de las empresas.

Citemos a la Dra. Clemy Machado de Acedo, especialista en su período presidencial:

“…El Programa de Febrero, lejos de ser un enunciado de buenas intenciones, representó la idea de un plan con realizaciones de tanta importancia que puede decirse que es durante el Gobierno de López cuando se echan las bases del Estado moderno del País…Constituía la primera vez que en Venezuela se planificaban las policías públicas…fueron muchas y muy importantes las realizaciones que se derivaban tanto del Programa de Febrero como del Plan Trienal. Su importancia lucia evidente en un país cuyas únicas instituciones nacionales eran las Fuerzas Armadas y la Iglesia, se abría una diversidad de áreas y se hacían aportes definitivos a la institucionalidad y a la formación de una base organizacional importante para la administración pública…”

Estado de Derecho, principio de legalidad y seguridad jurídica para los ciudadanos y para las decisiones de gobierno.

Reforma de la Constitución (1936) que redujo el periodo presidencial de 7 a 5 años.

Devolver a los Municipios el rol histórico y constitucional que habían perdido durante la dictadura, como “condición de saneamiento del Estado federativo venezolano.”

Pulcra y autónoma administración de justicia, partiendo de una rigurosa selección de magistrados y jueces en función de sus credenciales profesionales y su solvencia moral, con miras a garantizar “una justicia rápida, eficaz y no onerosa con jueces imparciales, probos y capaces.”

Participación proactiva del Estado en la conducción de las políticas económicas públicas en materia productiva, fiscal, financiera y de comercio exterior.

Libertad de comercio y de trabajo para cualquier actividad productiva, con excepción de los monopolios, los cuales no serán permitidos.

Protección de los derechos legítimos de patronos y obreros para que juntos puedan generar la mayor riqueza pública y bienestar individual.

Se subrayan los derechos de la clase obrera comprometiéndose el gobierno nacional a adoptar una legislación acorde con los estándares internacionales de remuneración y beneficios sociales, de donde se derivó la promulgación de la Ley del Trabajo, la cual consagró el derecho a huelga, a una remuneración digna y a las prestaciones sociales como derecho adquirido de todo trabajador.

Creación de la Oficina Nacional del Trabajo y del Ministerio del Trabajo.

Consagra los derechos de agremiación y sindicalización de obreros y profesionales y se estimula la formación de organizaciones tanto patronales como obreras.

Un vasto plan de higiene pública y atención especial a las instituciones de asistencia social, con miras a erradicar las enfermedades y epidemias que afectan a la población, particularmente la población rural, estimulando también el poblamiento equilibrado del territorio nacional.

Formación de un sistema integral de Administración Sanitaria Venezolana que elabore y mantenga estadísticas confiables sobre enfermedades y epidemias.

Creación del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y del Instituto de Salud.

Construcción de un sistema nacional de agua potable y de aguas servidas.

Adopción de políticas y medidas específicas para combatir y erradicar dolencias rurales como la tuberculosis, la anquilostomiasis, el paludismo y la tripanosomiasis.

Protección a la madre y al niño y provisión de leche pura para madres y niños en necesidad, casas cunas, hospitales de niños, inspecciones sanitarias en centros de educación, consultas prenatales y de maternidad, colonias vacacionales, lucha contra enfermedades venéreas.

Elaboración de un plan regional de alimentación por medio de una nueva sección de estudios conforme a los estándares de la Convención Sanitaria Panamericana.

La creación del Banco Central de Venezuela fue anunciada por el presidente López Contreras en el Programa de Febrero. Fue una de las ideas centrales de quien poco después sería su ministro de Agricultura y de Hacienda: Alberto Adriani, quien desde su Zea natal había propuesto en su ensayo “La crisis, los cambios y nosotros” (1931):

“Un Banco Central de Emisión, para el cual se aprovechara nuestra propia experiencia y la de otros países, y que siguiera los mejores modelos, podría dar mayor solidez, y al mismo tiempo mayor flexibilidad, a nuestro sistema monetario, y permitir la unidad y la efectividad del control sobre la tasa de descuento y sobre nuestro cambio.”

Cuando el presidente López presentó a la nación el Programa de Febrero, no existía un Instituto Emisor. Eran bancos privados los que emitían monedas y billetes y formaban la base y la liquidez monetarias. Venezuela fue de los últimos países latinoamericanos en crear su Instituto Emisor, Colombia lo había fundado en 1923.

En 1938, López Contreras, artífice de la transición democrática en Venezuela, confió al abogado Manuel R. Egaña, exdirector de gabinete durante la gestión de Adriani en Hacienda y más tarde ministro de Fomento, dirigir los trabajos de la comisión presidencial responsable de confeccionar el proyecto de Ley y proponer su estructura organizacional. Estadistas de renombre, como los Dres. Gumersindo Torres, exministro de Fomento y entonces (primer) contralor general de la República, Gustavo Herrera, exministro de Finanzas, y el Lic. Xavier Lope-Bello, formaron parte de dicha comisión. El Dr. Egaña estudió las leyes del ramo en diversos países del mundo y analizó la bibliografía académica de renombrados banco-centralistas. El gobierno nacional presentó el proyecto de Ley al Congreso Nacional, el cual fue ampliamente discutido y sancionado, y el 8 de setiembre de 1939, el presidente López firmó su ejecútese.

Se suscitó un encendido debate nacional sobre la conveniencia de crear un Instituto Emisor estatal (de los primeros debates democráticos del siglo XX). Prestigiosos banqueros, como Henrique Pérez Dupuy, se opusieron tenazmente, con sólidos argumentos. Los banqueros abrigaban el temor, no infundado, de que la emisión de dinero sin respaldo por parte de un gobierno urgido por financiar sus déficits fiscales, causaría en el futuro una ola inflacionaria que diera al traste con el valor de la moneda. Argüían que la banca privada estaba mejor dotada para proteger a los ahorristas, evitar la inflación, salvaguardar la moneda, garantizar la estabilidad monetaria y estimular el desarrollo económico de la nación. El sistema de pagos de un país, sostenían, no podía estar a merced de las prioridades políticas de cualquier gobierno de turno.

Reconocidas instituciones financieras, como el Banco Caracas, el Banco de Fomento Comercial de Maracaibo, el Banco de Maracaibo, el Banco Mercantil y Agrícola, el Banco Venezolano de Crédito y el Banco de Venezuela hicieron pública su oposición a la iniciativa en el marco del naciente Estado de Derecho garantizado por el gobierno del general civilista después de 27 años de dictadura gomecista. El Dr. M.O. Romero Sánchez interpuso una demandad de nulidad de la Ley del Banco Central ante la Corte Federal y de Casación (Corte Suprema de Justicia) y desplegó una aguda campaña en la prensa nacional y ante el Parlamento en contra de la Ley.

Un año y tres meses después, la Corte Federal declaró sin lugar la demanda, el 20 de diciembre de 1940. Los bancos demandantes acataron el fallo judicial y retiraron los billetes y monedas en circulación, vendiendo también sus reservas de oro al nuevo Banco Central de Venezuela. Dos bancos, el Venezolano de Crédito y el Venezuela, prescindieron de sus monedas y billetes; pero se negaron a entregar su oro y el litigio duró hasta 1956, cuando se dirimió a favor de la nación.

Este proceso judicial es demostrativo, no sólo del respeto por el Estado de derecho que durante su mandato practicó el estadista tachirense, sino de las bondades que se derivan del acatamiento del principio de legalidad en un país civilizado, conforme al cual las partes en litigio se sienten seguras ante un Poder Judicial independiente y autónomo, al confiarle la resolución de una materia de tanta trascendencia tanto para los banqueros demandantes como para la República.

En otro ejemplo de republicanismo, 25 años después, el exministro Manuel R. Egaña declinó vender un pequeño lote de acciones en el capital social del Banco Central de Venezuela, cuando, durante el primer gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez (1974-1979), se estatizó en un 100% el Instituto Emisor, cuyo capital estaba integrado por un nutrido número de venezolanos. Fue un gesto simbólico del fundador del BCV para proteger la autonomía del BCV y subrayar su aprensión ante la posibilidad de que cualquier gobierno pudiera tomar decisiones de carácter político-partidistas y no aquellas que respondieran a una sana política monetaria dirigida a contener la inflación y proteger el valor de la moneda.