A las 4 de la tarde del martes 19 de mayo Eloina Fermìn, como de costumbre, con plancha en mano seguía atenta a otro capìtulo de su telenovela favorita, cuando un brusco apagòn dejó en blanco la pantalla del televisor. Resignada exclamo: “otra vez la luz” y tendiò la mirada alrededor pero bombillos y ventilador seguían encendidos en la sala. Se acercò al televisor y notò que no era la falla de un canal, lo cual ocurre de vez en cuando, sino el silencio de toda la imagen. La escena se trasladò a los equipos de los 10 millones de clientes del servicio de Directv Venezuela, la plataforma de canales televisivos mas grande que opera en el paìs y de mayor arraigo en los sectores populares y en zonas distantes. Pero el asombro también sacudió a los altos ejecutivos de la empresa en sus oficinas de El Rosal y el Centro Comercial Paseo Las Mercedes que a esa hora desconocían la orden dada esa mañana desde la sede de AT&T en California de suspender las transmisiones de su operadora venezolana siendo una empresa líder en telecomunicaciones, medios, entretenimiento y tecnología y que distribuye contenidos a nivel mundial y en Estados Unidos y cuyo mercado supera los 100 millones de consumidores.
El cese de la transmisión de las señales venezolanas a través de Directv cumple con un mandato del gobierno de Estados Unidos que desde 2017 viene imponiendo sanciones a la administración de Nicolàs Maduro, tanto individuales como de naturaleza económicas, agravadas desde el 23 de enero de 2019 cuando ambos países rompieron relaciones diplomáticas tras la proclamación del diputado Juan Guaidò presidente de la Asamblea Nacional como mandatario interino con reconocimiento de varios países. Si bien hace año y medio a raíz de un juicio privado un tribunal de Florida propuso medidas restrictivas a los propietarios de Globovisiòn y que podrían afectar el canal televisivo, lo ocurido ahora es distinto. La orden incluye también a PDVSATV órgano de la estatal petrolera y coincide con una serie de restricciones para la producciòn y comercialización de combustibles y a sòlo tres meses de haber acusado a Maduro y al alto gobierno de supuesta vinculación con el narcotràfico y el terrorismo.