Muchas personas todos los días hablan de los problemas cotidianos ligados a la economía, la política, la contaminación inclusive o las carencias de los servicios públicos que la población debe hacerle frente diariamente, pero existe una realidad de la que casi nadie habla y de lo que esto significa para una familia venezolana. Se trata de vivir alquilado y el caos en que esto se ha convertido, forzando a la familia a recortar su presupuesto para poder disponer de dicha mensualidad que siempre dependerá de la inflación o de la decisión que tome el dueño del inmueble.

La vida da muchas vueltas, y son muchas las historias que se tejen con este tema y que convierte en una pesadilla lo que al principio se había planificado como un cuento de hadas. Por ejemplo: Dos jóvenes se conocen mientras estudian en la universidad, se enamoran, terminan sus carreras, deciden casarse, buscar algo para vivir juntos, poder tener hijos, una mascota, comprar un carro y seguir el rumbo de una familia totalmente clásica y armónica. Si ambos trabajan y con sus ingresos buscan en primera instancia un inmueble alquilado, deben amasar una cantidad de dinero que cubra las exigencias de los administradores de bienes raíces, siendo esto, por ejemplo; tres meses de depósito, un mes adelantado, un mes de comisión y el mes de gastos administrativos o los honorarios. Y esto depende de la zona en la que busquen el inmueble, y depende también si corren con la suerte de hacer el contacto directo con el dueño del lugar para evitar parte del costo antes mencionado.
En algunos otros casos, las inmobiliarias piden hasta un año adelantado, sumándole igualmente el mes de honorarios profesionales y demás comisiones por trámites indistintos.


Historia real: De cuento de hadas a pesadilla sin fin

Así es la historia de Anna Lucía y Ricardo Almao; dos jóvenes de 30 y 38 respectivamente que decidieron unirse en matrimonio y planificar una familia de ensueño, pero ninguno tenía algo propio y desde el año 2016 se encuentran en una incertidumbre permanente que les ha costado dinero, esfuerzo, lágrimas y un agotamiento mental que no estaban listos para enfrentar. Se conocieron en la Universidad de Oriente, en Puerto la Cruz y quisieron probar suerte en Aragua, porque según era una de las ciudades menos costosas del país, pero se encontraron con una realidad totalmente distinta. Anna y Ricardo cuentan que sus planes eran irse del país, aun cuando ninguno tenía algún familiar que les diera el apoyo afuera para arrancar de cero si era posible, pero las circunstancias que fueron presentándose de forma inesperada los obligaron a desistir de la idea y les ha tocado vivir alquilados todo este tiempo dejando en el saco roto muchos de sus ahorros, sueños y proyectos. “Es un saco roto, y así están mis esperanzas porque no veo oportunidad de poder ahorrar para comprar algo propio. Me siento a llorar al ver la cantidad de dinero que debemos entregar cada mes y ya es la segunda vez que nos hemos tenido que mudar, porque el contrato lo hacen por seis meses y no lo quieren renovar porque prefieren cobrar más al próximo inquilino”, comenta Anna Lucía.

Los administradores de la inmobiliaria dejan claro desde el principio en el contrato el tiempo del alquiler y el aumento del canon según el índice inflacionario. Actualmente en la mayoría de las ciudades ya el cobro está fijado en dólares y aun así los administradores al cabo de tres meses anuncian un incremento sustancial en el alquiler, que los arrendatarios deben estar dispuestos a pagar atenidos a la problemática en que se ha convertido conseguir una vivienda en Venezuela. Desde el año 2015 la Ley de Regularización y Control de Arrendamiento de Viviendas no ha tenido modificación alguna y esto ha otorgado la libertad de que el libre mercado cobre en moneda extranjera. La Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas había llegado a un acuerdo que fijaba que los alquileres no superaran el 30% del salario de un ciudadano, pero evidentemente esto es imposible, tomando en cuenta la hiperinflación.

Y es que esta misma hiperinflación ha abultado la problemática de vivir alquilado para cientos de familias como la de Anna Lucía y Ricardo Almao, precisamente porque esta situación se ha convertido en un lujo cuando los niveles salariales no van ni remotamente acordes con los precios de los alquileres. Todo esto golpea duramente el ingreso de una familia, que por más pequeña que sea, entre la comida y los imprevistos, son pocos los recursos con que cuentan para ahorrar. A esto se le suma la casi nula voluntad política que detenga la escasez de viviendas asequibles.
Otro de los inconvenientes que roban la tranquilidad de una familia que busca alquilar, es que los propietarios o las inmobiliarias no aceptan a personas con niños pequeños, aun cuando esto está prohibido en la Ley de Regularización y Control de Vivienda.


Decisiones de otros países en favor del inquilino

En Alemania, por ejemplo, a principios de este año 2020, el departamento de Desarrollo Urbano en Berlín puso en vigencia una ley que congela los alquileres por un lapso de 5 años. Esta decisión no es bien vista por la oposición de ese país que asegura que harán lo posible por eliminarla porque -según su apreciación- significa una intromisión a la propiedad privada. Por otro lado, el año pasado, el senado de Nueva York aprobó una ley que protege a los inquilinos aludiendo su protección y poniendo atención a los reclamos hechos por el alza excesiva de los cánones, así como los desplazamientos, acosos y desalojos injustificados. De igual forma, Austria, desde hace décadas tiene impuesta la limitación de precios de alquileres que está tratando de ser copiada por otros países, pero esta nación ha podido mantener dicha decisión debido a que los sindicatos promueven las viviendas sociales y existen miles de lugares o inmuebles de su propiedad o del ayuntamiento. Situación que, a España, por citar solo uno, le costaría votos y dinero porque no cuenta con dicho patrimonio social de viviendas. Con esto no se busca restarles importancia a los propietarios de inmuebles, porque hasta hace algunos años era un negocio bastante rentable construir espacios para vivir de los alquileres y garantizar un ingreso que le otorgara cierta tranquilidad en los años dorados.

Sin embargo, es importante ver las dos caras del espejo que actualmente se ven afectadas, considerando que, por un lado, las leyes no protegen a quien alquila, y por el otro el Gobierno tampoco propone planes para apoyar al ciudadano sin techo, porque para alquilar se requieren aproximadamente 3.000 dólares. Comprar un apartamento o una casa en estos momentos es imposible para una familia o una pareja joven, porque al revisar los precios, el más económico no baja de 40 mil dólares, y esto requiere un ingreso mensual considerable. Un préstamo bancario, que sería una alternativa, no llegaría ni al 20 % del monto, una cifra irreal, así como es irreal ahora el sueño de “la casita propia”.