A diferencia de las crisis y las protestas que sacuden el continente, en lo que se denomina como la “Primavera Latinoamericana” apelando al antecedente de la conocida “Primavera Árabe” del año 2011, la conflictividad política venezolana cumple 20 años y se explica por la confrontación de dos modelos de gobierno y de naturaleza ideológica. La victoria de Hugo Chávez Frías en diciembre de 1998 no significaba solamente la alternancia de partidos y gobernantes en el poder como suele ocurrir en un cuadro de estabilidad constitucional. Chávez gana fundamentalmente como producto de un modelo político y de unos partidos que a lo largo de cuarenta años demostraron su incapacidad para asumir los cambios y los retos planteados por el reacomodo geopolítico. De esta manera la propuesta de la Asamblea Constituyente que se suele asumir solamente como el camino para reformas constitucionales o la aprobación de una nueva Carta Magna, en este caso simbolizaba (y sin duda así fue percibida por el electorado) una propuesta de cambio y refrescamiento institucional.


HACE 20 AÑOS

Justamente en estos días se recuerdan veinte años de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que simbolizó sin duda el tránsito de dos formas de gobierno, si se toma en cuenta que las fuerzas que apoyaron a Chávez provenían de aventuras golpistas o de una larga vinculación con sectores ideológicos y políticos que habían actuado en procura de opciones violentas en el pasado. Por ello no fue extraño que en 2001, hace precisamente 18 años, se produjera el primer enfrentamiento entre el modelo entonces llamado “Revolución Bolivariana” y los factores partidarios de una evolución si bien necesaria siempre en el marco de la alternancia democrática. La aprobación de un conjunto de leyes habilitantes, entre las cuales destacó el contenido de una Ley de Tierras que abrió camino para ocupación y expropiaciones supuestamente amparadas en la legalidad, así como el decreto referido al manejo de la educación privada, que desencadenaron un enfrentamiento que no era propiamente político en el sentido tradicional, sino la conflictividad entre gobierno y oposición encarnada entonces no por los partidos tradicionales sino por un conjunto de propuestas que desafiaban y que fueron asumidas por nuevas expresiones vigorosas todas ellas de la llamada sociedad civil.


LARGA CONFRONTACIÓN

Los hechos posteriores han marcado una confrontación que luego pasó a manos de toldas políticas como Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y años después Voluntad Popular, que eran simples expresiones del rechazo al modelo chavista y que luego devino ya con un presunto planteamiento ideológico como el Socialismo del siglo XXI. El hecho cierto es que ese conflicto nunca fue resuelto y pasaba no solo por los acuerdos formales entre los principales actores en disputa sino por una necesaria tarea de reinstitucionalización del Estado; una necesidad inaplazable que ha sido ignorada tanto por el gobierno como por los sectores opositores, dado que con ello en la práctica se establecía la vigencia de la Constitución Bolivariana del 99 pero también la vigencia de un conjunto de leyes aprobadas por una Asamblea Nacional hegemónica y que en buena medida anulan o restringen los propios contenidos del texto básico. Ello ha determinado a lo largo de los años un conflicto que ya dejó de ser político para dar paso a una crisis global que se traduce en niveles bestiales de hiperinflación, quiebra del aparato productivo y además de Pdvsa como motor del ingreso que alimenta al Estado y que ha configurado además una economía de facto que escapa a las definiciones teóricas y a las propuestas académicas para explicarse solo como el resultado de la propia complejidad de la crisis. Ello sin referirse a los alcances sociales de un proceso que para muchos se emparenta con el cuadro de países como Somalia que ya no solo es un Estado fallido sino también una sociedad que padece en las mismas carencias.


EL ACUERDO NECESARIO

De esta manera, tal como se ha planteado en diversas oportunidades, incluso en 2002 con la Mesa de Diálogo y Negociaciones promovida por la OEA y el Centro Carter entre oposición y gobierno y con posteriores intentos fallidos, solo un acuerdo de alto nivel que consulte no solo las aspiraciones de las cúpulas políticas sino que valore la gravedad de una situación que afecta ya en este caso a los venezolanos de diversas formas, será posible reencontrar el camino de una convivencia mínima que facilite en consecuencia los pasos para la reconstrucción del país que por cierto no es tarea de sectores en particular sino de un esfuerzo que tiene que ser compartido por el Estado, las más diversas organizaciones y los factores nuevos de la sociedad civil, será posible entonces abordar la inmensa tarea de ofrecer espacios para un desarrollo sano y alentador del país. En los últimos años se han realizado esfuerzos en este sentido que han resultado fallidos, en este caso con la injerencia y el interés de instancias como la Unión Europea, grupos integrado por países vecinos y asumiendo además la modalidad de negociación ya conocida de Noruega, sin que se hayan logrado los avances mínimos que se esperan en gestiones de esta naturaleza.

Sin duda el nuevo año tomando en cuenta el agravamiento de la crisis, el fracaso de la propuesta opositora de la “Operación Libertad de Juan Guaidó, y también el fracaso del régimen para encontrar respuestas consistentes y acertadas en materia económica, más allá de las llamadas “burbujas” registradas en los últimos meses y que son simples expresiones de que la economía ha tocado fondo y de que se trata de una economía que ha caído más del 50% comparada con diez años atrás y con el agravante de una diáspora que en todos los cálculos se ubica en 5 millones de venezolanos dispersos por el mundo, lo cual de ninguna manera es el resultado de políticas firmes y consustanciadas con la verdadera realidad venezolana. De allí que los acuerdos y en consecuencia el camino de la convivencia sean ya no solo el reto sino la urgente necesidad de los venezolanos del país de cara al 2020.