La falta de cualquier asomo de negociación o acercamiento de las partes políticas para viabilizar una salida al desplome de la economía venezolana tiene mucho que ver con una estrategia del gobierno de mantener la esencia de su modelo económico haciendo tan solo pequeños ajustes en reglas macroeconómicas de una forma casuística, que pueden revertir de un plumazo si así lo desean. Nos recuerda esta realidad el “vuelvan caras” que en relación con controles de precio eufemísticamente etiquetados como “precios acordados” y la intervención o control de gestión a empresas como Coposa y Polar.

A riesgo de llover sobre mojado, luego de un breve respiro a los productores con una tímida apertura, nos despertamos a la realidad de que nos enfrentamos de nuevo al trillado camino de los mismos con las mismas políticas de siempre. Pareciera que los responsables de estas políticas están empeñados en mantenerlas hasta el último lingote de reservas en oro del Banco Central de Venezuela (BCV). No tendría nada de sorprendente pues en lo que tiene que ver nuestro principal producto de exportación ya pasamos el punto del último taladro de perforación, garantía cierta que detrás vendrá un declive adicional de la producción cónsono con la declinación estructural de los yacimientos de un 20% anual.

¿Y después del último lingote qué? Porque países que agotan sus reservas monetarias tradicionalmente apuntan a un apoyo de los organismos multilaterales para recomponerlas. Y en el entorno de impasse político actual eso es menos que imposible. Continuar por este camino solo conduce a que la economía que ya se ha contraído cerca del 80% continúe haciéndolo.
En ese ambiente de contracción continuada queda claro que por la vía impositiva el gobierno no tiene cómo generar los ingresos para cubrir ni una fracción de sus gastos operativos, y de ahí la liquidación de lingotes. Por otra parte, tampoco puede hacerlo con ingresos de regalías e impuestos a un sector externo energético que sus políticas también han pauperizado. Lo que queda entonces como único potencial que le dé un mínimo de piso a una economía famélica es la actividad privada y la inversión que las empresas habían comenzado a hacer trayendo equipos, insumos y productos finales con recursos propios. Para el último trimestre de 2019 las transacciones privadas en dólares se estimaban en 30% del total de estas, versus el 70% vía el BC, un monto históricamente alto que da cuenta del grado de independencia relativa del sector privado.

En vez de alentar ese comportamiento, con la reactivación de los mecanismos de coerción sobre los empresarios lo que se ha hecho es inhibir de nuevo esas inversiones, dejando la venta de lingotes como principal fuente de fondos públicos. Pero no solo se inhiben las inversiones de los empresarios privados que todavía quedan en pie. Aquellos que pudieran estar contemplando invertir para resucitar la actividad petrolera y de refinación que pudiera revertir la ausencia casi total de gasolina, lo van a pensar dos veces antes de hacerlo en un entorno en el que la garantía de sus inversiones depende de qué lado de la cama se levantó el hegemón de turno.

Cuando los empresarios reclaman reglas claras es precisamente eso: que se vaya creando un círculo virtuoso de acciones de políticas públicas en la dirección correcta y que se genere confianza en que las mismas tienen un sentido de permanencia en el tiempo. Solo así se podrá evitar que la economía siga contrayéndose en el círculo vicioso en que nos encontramos y que nos lleva con certeza irremisible hasta la venta del último lingote.