El Estado está conformado por los distintos poderes públicos, establecidos en la Constitución Nacional, donde se definen las competencias y atribuciones de cada uno de ellos; así como los derechos de los ciudadanos que son los que tienen en sus manos el ejercicio de la soberanía popular como es el voto y representan la voluntad de la nación. Para muchos venezolanos el Estado ha venido ocupando espacios y atribuyéndose competencias que han sido afectivas de los derechos ciudadanos, mediante la interpretación a su conveniencia del texto constitucional, con lo que ha logrado un excesivo posicionamiento en todos los aspectos de la vida nacional.

Lo primero que nos corresponde destacar es que tenemos un Estado absolutamente centralista que ha venido anulando las autonomías regionales, eliminando las conquistas que con mucho esfuerzo lograron las regiones como fue la asignación de recursos en función de los ingresos nacionales provenientes de la producción petrolera y las recaudaciones tributarias. El Ejecutivo Nacional ocupa casi todos los espacios del poder nacional, ejerciendo el mismo con una política de hechos cumplidos en todas las decisiones que tenga a bien considerar como convenientes. Por lo que sentimos que de manera constante se deja a un lado buena parte de nuestros derechos ciudadanos establecidos en la Constitución.

Consideramos la eliminación de la autonomía del Banco Central y la utilización de esta institución como la proveedora de todos los recursos en bolívares que se necesiten para mantener el gasto público, como otra de las demostraciones de no acatar lo establecido en la Constitución. Esta política monetaria expansiva genera grandes perjuicios a los ciudadanos al ser la principal razón de los niveles inflacionarios que diluyen nuestros ingresos y son responsables de la caída del consumo familiar.

Lo mismo podemos observar en cuanto a la independencia de poderes, como resultado hoy los venezolanos nos encontramos con una nación en permanente confrontación de poderes públicos, los cuales de acuerdo a la Constitución están llamados a armonizar y alcanzar decisiones que se traduzcan en el bienestar de sus ciudadanos. Lo cual no se ha podido lograr desde que el 6 de diciembre del 2015 la Asamblea Nacional pasó a manos de la oposición política. La decisión tomada de elegir una nueva junta directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), lo cual le corresponde a la Asamblea Nacional, tal como lo establece la Constitución, es otra demostración del suprapoder que ejerce el Estado.

Los ciudadanos nos encontramos afectados por la excesiva concentración de poderes que el Estado detenta en estos momentos, siendo ejercido a plenitud por el Ejecutivo Nacional, observando que no se logran soluciones convenientes para los múltiples problemas que nos angustian y cuya solución luce difícil y en algunos casos imposible. Encontrándose los ciudadanos limitados por las distintas normativas oficiales donde cada una de ellas minimizan nuestros derechos constitucionales.