Yo, profesor de a pie
Política 27/11/2019 05:05 am         


Por Ignacio Avalos Gutiérrez: Me sumo a la iniciativa política que abra el camino para doblegar las intenciones que desnudan al Gobierno con el referido decreto del TSJ.



Ignacio Avalos Gutiérrez

La Universidad es una institución que se está repensando en todos lados de cara a los cambios que ocurren actualmente en el mundo. Estos derivan, en buena medida de transformaciones tecnológicas que generan profundas consecuencias sociales, afectando radicalmente la manera como vivimos y nos relacionamos los seres humanos. Así las cosas, la Universidad actual requiere modificarse en muchos aspectos para ponerse a tono con la época que corre. En estas cortas líneas me referiré, por su extremada relevancia, únicamente a la situación que está experimentando la actividad de la investigación, mostrando cómo ha variado el modo de producir y distribuir el nuevo conocimiento, convirtiéndolo en un factor determinante en la organización y desempeño de las sociedades actuales e, igualmente, en elemento decisivo por su influencia sobre el resto de las actividades universitarias. Al escribir estas líneas tengo en mente, claro está, las condiciones en las que se encuentra la universidad pública venezolana.

A fin de ser breve me circunscribiré a señalar que los patrones que marcan esta época señalan cómo está disminuyendo la separación entre la investigación básica y la investigación aplicada (no hay más que ver, por ejemplo, la forma en que la biotecnología deriva de la genética molecular, o las telecomunicaciones de las ciencias físicas, por solo poner un par de ejemplos). Y cómo se está pasando, así mismo, de la organización de la investigación llevada a cabo por disciplinas científicas aisladas a la investigación multidisciplinaria e interdisciplinaria, superando los habituales compartimientos estancos y propiciando el trabajo en el seno de colectivos asociados alrededor de problemas y de necesidades; o pasando de la actividad que tiene lugar en estructuras más o menos permanentes y rígidas a la que ocurre en estructuras organizacionales transitorias ; igualmente, como ha ido cambiando de aquella cuyos sus resultados son sometidos a un control de calidad que implica solo a la opinión de los “pares” , a la que reclama una evaluación colegiada y diversa, llevada a cabo por filósofos, sociólogos, ingenieros, economistas, ecologistas que calibran las iniciativas formuladas a través de un menú mucho más extenso y variado de criterios.

Son patrones, así pues, que dejan ver como se está pasando de la investigación que se ejecuta sobre todo a través de organizaciones individuales a la que se lleva a cabo vía interacciones con otros actores (diferentes centros universitarios, organismos públicos, industrias, firmas consultoras, redes empresariales, organismos internacionales ….) que suman conocimientos, capacidades y recursos de diversa índole; y por aludir a un último aspecto, llamaría la atención sobre la manera cómo se está mudando de la investigación mayoritariamente respaldada con recursos públicos (cuya importancia sigue siendo innegable), a la apoyada en la diversificación de fuentes y modalidades del financiamiento, con claro predomino de recursos privados y evidentes modificaciones en cuanto a sus objetivos e intereses.

Para terminar, es conveniente advertir que las reformas resumidas anteriormente van de la mano con la existencia de instituciones abiertas que se desempeñan a menudo dentro de un marco globalizado, formando parte de redes de colaboración en las que la interdependencia redefine, en buena medida, las condiciones y finalidades de la actividad de científica. En suma, nos encontramos ante esquemas de cooperación flexibles, heterogéneos y poco jerarquizados, que incluyen una gran variedad de instituciones, dando pie a un modo de creación de conocimientos que ha sido descrito como “socialmente distribuido” y que, según algunos autores, ha disminuido ostensiblemente la “hegemonía epistemológica” de la universidad.

Las variaciones en los modos, alcances e influencia de la investigación universitaria tienen lugar en un escenario mundial muy complejo, agobiado por problemas diversos, todos muy graves (ambientales, económicos, demográficos, políticos y paremos de contar), al punto de que hay quienes (¿exagerados?) hablan de una “crisis civilizatoria”. Los cambios tecnológicos – estamos en tiempos de la Cuarta Revolución Industrial- no son ajenos a dicha crisis y ocurren de manera muy acelerada generando resultados que no son fáciles de precisar, ni de calibrar ni de regular, amén de que suscitan temas éticos de gran trascendencia que atañen a la propia condición humana. Tales transformaciones cobran forma, como dije, en un escenario que carece de las instituciones idóneas para asegurar la gobernabilidad global, hecho que ocurre al tiempo en que los Estados Nacionales se hallan cada vez más débiles para resolver los múltiples conflictos que se suscitan a lo largo y ancho del planeta

Por otro lado es conveniente destacar que este panorama ha impulsado, a su vez, innumerables y variadas iniciativas que buscan reorientar la dirección el desarrollo tecnocientífico en función de un orden mundial que pueda modelarse de acuerdo a criterios que impliquen más democracia y justicia, mayor armonía en el plano ecológico y más control de los seres humanos sobre su propio destino.

Haciendo caso omiso del artículo 109 de nuestra Constitución, el TSJ decretó hace unas semanas que se hicieran elecciones en las universidades públicas. Obedeció así instrucciones emanadas de un Gobierno, cuyas ideas centrales para modificar las universidades figuran en un conjunto impreciso de planteamientos que se decantan en el propósito de “alinearlas” con estrategias y proyectos que lucen desencaminados e imprecisos, muy distantes, lo opuesto casi, de lo que debería ser una respuesta medianamente coherente con porvenir que se viene dibujando estos días. Al final de cuentas, se trata de un programa armado en torno a una épica desfasada que la propia gestión oficial se ha encargado de descalificar.

En suma, no hace falta mucha suspicacia para pensar, que tras dos décadas de agravios hacia las universidades – y no me refiero únicamente al maltrato presupuestario -, la decisión tomada por el TSJ está dirigida contra la libertad académica, la autonomía y el pluralismo de democrático que deben regir en el espacio académico. Es, así pues, la respuesta que tiene a la mano el Gobierno con relación a las universidades públicas frente a los desafíos, problemas y oportunidades que está dejando ver el Siglo XXI.

Así las cosas, yo, profesor de a pie de la UCV, me sumo a la iniciativa política que abra el camino para doblegar las intenciones que desnudan al Gobierno con el referido decreto del TSJ. Y apoyo, pues, toda fórmula electoral que, emanando de la propia institución académica, impulse la redefinición de políticas y planes orientados a la búsqueda de distintos modelos de organización para nuestras universidades públicas, con referencia a sus funciones, a sus ámbitos de actuación, a su gobernabilidad, a su calidad y al rol que deben desempeñar al servicio a la sociedad venezolana.







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