DIPUTADOS Y CONTRATISTAS
La aprobación por la Asamblea Nacional (AN) del proyecto de asistencia presentado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para atender la crisis eléctrica en el Zulia, Táchira, Nueva Esparta y Miranda -para lo cual teóricamente existe mayoría de diputados oficialistas y opositores- está siendo bloqueado por un sector de Voluntad Popular (VP) que sostiene que su implementación sería favorable a la popularidad del gobierno. Si bien se trata de un préstamo que el Estado asume como deuda y que será manejado por ambas instituciones y no por organismos oficiales, al parecer en el tema también influyen intereses de contratistas que han desatado una verdadera guerra para el manejo de las obras en el país, en lo cual además estarían interviniendo algunas embajadas de los países que han ofrecido reconocimiento a Juan Guaidó. No obstante, en las encuestas existe apoyo a un proyecto que va a enfrentar una calamidad colectiva en el entendido de que el Estado no dispone de recursos suficientes para acometer el financiamiento de la emergencia.

KOZAK Y POMPEO
La semana pasada en Washington se reunió el equipo encargado del tema Venezuela que dispone las sanciones contra la economía del país y funcionarios del régimen y que ha venido sosteniendo incluso la posibilidad de una acción directa militar contra el régimen de Nicolás Maduro. La reunión fue presidida por el vicepresidente Mike Pence, quien mantiene la línea más dura en la materia, y si bien no fueron dadas a conocer las conclusiones se sabe que privó el criterio general de manejar la situación venezolana con equilibrio y sensatez, lo que explicaría las declaraciones de Michael Kozak, el encargado de Latinoamérica por EEUU, quien advirtió que su gobierno apoya al presidente de la Asamblea Nacional no importa quién sea y que no se trata de un respaldo personal a Guaidó. Si bien al día siguiente Mike Pompeo matizó la declaración y ratificó la estrategia de la “Operación Libertad”, se trataría del tradicional manejo diplomático, ya que no luce viable ni resultaría comprensible que se formalice una ruptura franca entre el gobierno de Trump y el presidente de la AN.