La antropóloga Francisca Márquez enjuicia el fenómeno: “Estos jóvenes, vándalos, lumpen, son nuestros hijos, pasaron por nuestra educación pública, son resultado de este sistema. No podemos venir a tratarlos como alienígenas, no cayeron de Cuba ni de Venezuela, nosotros los engendramos y son terceras y cuartas generaciones tras la dictadura y debemos preguntarnos qué hemos hecho para que ellos nos apedreen, para que quemen todo los que es símbolo de progreso.”. La onda de violencia se prolongó por varios días desafiando la represión y las medidas policiales, obligando a la suspensión de importantes eventos internacionales, y causando un grave daño a la actividad comercial y la imagen de un país reconocido por sus indicadores económicos y la estabilidad política. Todo lo cual facilitó la transición de la dictadura de Pinochet por su propia iniciativa y no mediante la fractura común en estos casos, a la dirigencia política tradicional que gobierna durante treinta años, bajo el manto de la constitución pinochetista de 1980 con una leve reforma legislativa en 2005 en el mandato de Ricardo Lagos.

No obstante, el consabido “milagro económicos” como se sabe esconde altos niveles de desigualdad social, que tuvieron expresión en las protestas estudiantiles de 2006 conocida como “la revolución de los pingüinos” (por el color del uniforme de los jóvenes) en el primer gobierno de Michelle Bachelet y 2011 también en la primera gestión de Sebastián Piñera, contra un modelo educativo discriminatorio y oneroso para la población de modestos recursos. Ante el estallido de calle del año pasado cobró fuerza como siempre el planteamiento de una constituyente, un recurso que en 1991 fue aprobado en Colombia ante el auge de la acción subversiva y que luego en Venezuela, Ecuador y Bolivia se planteó en el entresiglo para legitimar cambios políticos y que fueron denominados como “constituyentes de paz” ante la magnitud de sus crisis políticas. Justamente el 15 de noviembre de 2019 los representantes de los principales partidos firmaron el Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución y acordaron la activación de la consulta plebiscitaria de este 25 de octubre como culminación de una campaña que no estuvo exenta de violencia. Los partidarios de la pregunta “Apruebo” sostenían que el vigente texto constitucional no permite la debida participación de los sectores históricamente excluido ni la aprobación de leyes sustanciales para abordar los problemas sociales; mientras que los defensores del “Rechazo” opinaban que la modificación de la Carta Magna no era necesaria para aprobar leyes que contribuyan a mejorar los niveles sociales de la población.

 
La consulta del domingo 18, estuvo rodeada de una inmensa expectativa nacional y también en el plano externo, tomando en cuenta que en buena medida se jugaba el modelo de “La Concertación Nacional” heredado de la dictadura de Pinochet y que a lo largo de 30 años ha facilitado la alternancia de gobiernos nacidos del voto, pero que en esencia han actuado bajo el mandato de un instrumento institucional que privilegia el orden militarista tradicional de la derecha chilena, más allá que los mandatarios asuman en lo personal propuesta de centro o de centro-izquierda. Los resultados arrojaron una amplísima mayoría para la aprobación de la convocatoria a un evento constituyente, pero lo más resaltante y significativo tiene que ver con el 78% de los electores que votaron por la formula de nuevas elecciones para la escogencia directa de los integrantes de la Asamblea Constituyente el próximo 11 de abril del 2021, desechando de este modo la propuesta avalada por la mayoría de los partidos políticos que se inclinaba por una Constituyente mixta, compuesta por representantes del actual Congreso Nacional y otra que fuera escogida mediante el sufragio popular.

De esta manera, el resultado supone un triunfo de las fuerzas partidarias de un cambio de fondo de la Constitución y que de buena medida se identifica con el sentido de las grandes protestas del 2019 que obligaron a la elite dirigente (mas allá de su definición programática) a aceptar el reclamo de un nuevo texto constitucional, pero que hasta último momento se trato de que estuviera condicionado por los criterios de la vieja política. En otros términos, se trata de una derrota de la herencia pinochetista, pero también del establecimiento político y económico que ha gobernado al amparo de la llamada propuesta neoliberal; y el triunfo de organizaciones, no necesariamente partidista, sino también como expresión de la sociedad civil, y en particular de los sectores juveniles, que de manera pacífica, el pasado 18, abrieron espacio para un cambio que habrá de materializarse en los próximos meses, en las acciones de calle y el contacto directo con los sectores sociales que a lo largo de los últimos años han luchado por rescatar los verdaderos valores de la independencia política y el bienestar social. Por supuesto, como era de esperarse, los manifestantes victoriosos acudieron nuevamente a la “Plaza Dignidad” y allí luce ahora el rostro en bronce de prócer Baquedano con una refulgente consigna en su frente: “El pueblo ha triunfado”.