Las transiciones no se decretan y son procesos que suelen cumplirse como consecuencia de cambios de gobiernos o modelos políticos luego de acuerdos o de fracturas generalmente traumáticas. Mientras ello no ocurra puede hablarse de planes futuros de gobierno los cuales por lo general se resumen en la ya manida frase de “proyecto país”. La última transición ocurrida en Venezuela comenzó de manera pacífica y por la vía electoral con la victoria de Hugo Chávez en 1998, cuando mediante el voto el modelo democrático iniciado cuarenta años antes en 1958 con el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez, abrió paso (como siempre mediante el recurso ya histórico de una Constituyente) a un proyecto que amparado en los mismos valores de los partidos que cedían su hegemonía hubo de transformarse con los años (al calor de una severa polarización con momentos críticos como en los años 2001-2007) en un régimen de naturaleza autoritaria cobijado en el tradicional planteamiento antiimperialista y en la exaltación de una versión socialista que como siempre “habría de afincarse en realidades propias del país”.

Desde entonces, uno de los principales errores de los sectores opositores, inicialmente encabezados por una resuelta marejada de la sociedad civil y luego por partidos políticos, los cuales en su mayoría nacieron precisamente al amparo del mandato chavista, es no haber entendido que no se trataba de la divergencia tradicional entre oposición y gobierno o la lucha entre organizaciones con ideologías divergentes pero ambos comprometidos con una propuesta común, lo que ahora estaba en juego.

De esta manera se diseñaron estrategias y propuestas voluntaristas, campañas puramente mediáticas o estimuladas por intereses parciales de los liderazgos partidistas que condujeron a fracasos y derrotas que paradójicamente despejaron el camino al proyecto original del chavismo y que veinte años después culminan en un inevitable choque entre dos visiones del Estado y del país, y lo más grave aún, con unos resultados que en el plano social y económico provocan un verdadero colapso no solo eléctrico como en este caso, sino el colapso del país mismo con las consecuencias conocidas para la vida de la población toda, al margen de posturas y simpatías políticas.

Más aún sigue privando la percepción errónea de que el futuro venezolano pasaría solo y necesariamente por la sustitución del actual equipo de gobierno por otro cuyas propuestas no son todavía del todo conocidas, para lo cual se toma como ejemplo lo ocurrido con la caída de las tradicionales dictaduras latinoamericanas y el comienzo de una nueva reconstrucción democrática. Se olvida que en la mayoría de esos casos los gobiernos militares derrocados entendieron el momento de su agotamiento y ellos mismos (se exalta el caso emblemático de Pinochet en Chile) facilitaron los reacomodos en el poder porque se trataba de simples sustituciones políticas y no de fondo, que no implicaban la recomposición social ni económica. Esta visión priva ahora también de manera determinante en la observación, mediación y últimamente en la clara injerencia de algunos países de la llamada “comunidad internacional” en la búsqueda de una respuesta al “caso Venezuela” y que suelen remitirlo a las más recientes experiencias vividas en el Cono Sur y con los gobiernos centroamericanos y del Caribe. 

Si bien es obvio que en el país se impone un cambio que sin duda es demandado por más del ochenta por ciento de la población en términos de gobernabilidad y de políticas económicas y como respuesta urgente al fracaso de un modelo cuya prolongación en el tiempo habría de significar mayores desgracias para los venezolanos, éste debería estar precedido de aproximaciones y acuerdos entre los principales agentes políticos y no solo confiado a la suerte imprecisa de un “cuartelazo”. Es evidente que después de veinte años en el gobierno y con un férreo control institucional y social el chavismo-madurismo tiende, sin embargo, a su agotamiento político tal como se demostró el 30 de mayo del 2018 con la reelección de Maduro en términos estrictamente políticos y ni hablar de ello como consecuencia de un cuadro de verdadera asfixia nacional, pero también resulta claro que los principales actores de la oposición en los últimos meses han cedido responsabilidades de conducción a intereses injerencistas cuyos objetivos no son exactamente los propios de los venezolanos, todo lo cual conlleva a una apuesta que conduciría finalmente a la violencia generalizada y que dada la compleja trama social venezolana resulta difícil de pronosticar en sus alcances y daños en el futuro.