BUCARAM
Se recuerda que el 5 de febrero de 1997 numerosas organizaciones sociales salieron a las calles para repudiar el gobierno de Abdalá Bucaram Ortiz. Había ejercido funciones públicas y era conocido como cantante y atleta (asistió a las Olimpíadas de Munich en 1972). El 7 de febrero de 1998 una marejada popular lo hizo salir del poder y el Parlamento lo destituyó por “incapacidad mental”; en esos días, curiosamente el disco de mayor venta en Ecuador era su long play titulado “Un loco que ama”. En la jornada de protesta participó activamente el abogado Jamil Mahuad, quien se había desempeñado como alcalde de Quito con una destacada gestión en materia de servicios públicos. Mahuad ganó las elecciones siguientes en 1998 ante Álvaro Novoa, firmó un tratado de paz con Perú que puso término a un largo conflicto entre los dos países; enfrentó una severa crisis bancaria y adoptó el dólar como moneda nacional, logrando con ello estabilizar la economía. Sin embargo, creció el malestar en grupos indígenas y en la izquierda por sus políticas consideradas neoliberales.

MAHUAD Y GUTIÉRREZ
Un día la Confederación de Nacionalidades Indígenas tomó las calles de Quito y una multitud avanzó hacia el Congreso Nacional apoyada por un grupo de coroneles. A la medianoche, Mahuad dimitió y un triunvirato integrado por el vocero indígena Antonio Vargas, el coronel Lucio Gutiérrez y el jurista César Solórzano Constatine asumió el mando. Gutiérrez fue dado de baja y detenido durante seis meses; y finalmente favorecido por una medida presidencial. Tiempo después emprendió una intensa campaña electoral y conformó una alianza con grupos indígenas encabezada por su partido Sociedad Patriótica. El 24 de noviembre de 2002 derrotó al candidato Álvaro Novoa y fue electo Presidente, pero al poco tiempo surgieron problemas con el Congreso Nacional y para solventarlos procuró un acuerdo con los partidarios de Bucaram. 

El 20 de abril de 2005 fue el día de mayor presión de la “rebelión de los forajidos”, un movimiento que comenzó con los llamados del periodista Francisco “Paco” Velásquez, de la emisora juvenil “La Luna”, que facilitaron protestas de la clase media contra los desaciertos del gobierno y rápidamente se produjo el contagio con los medios de comunicación y se configuró una impensada respuesta de la sociedad civil. El clima se hizo entonces irrespirable y por 60 votos el Congreso aprobó su salida “por vacante de sus funciones”, y en su lugar fue designado Alfredo Palacios. Entre quienes aparecieron al frente de las movilizaciones se encontraba el economista Rafael Correa, que habría de asumir el Ministerio de Economía en el gobierno provisional.

CORREA Y MORENO
Correa se postuló a la Presidencia de la República y obtuvo la victoria en las elecciones del 26 de noviembre de 2006 frente al incorregible Álvaro Novoa. Su ascenso coincidió con la expansión del ALBA, la propuesta chavista que había contaminado Bolivia, en menor medida Perú, y Paraguay, además de Nicaragua y de esta manera compró un seguro de sobrevivencia económica por la vía de la ayuda petrolera; y para el refrescamiento institucional mediante la convocatoria a una constituyente lo cual permitió drenar la presión por cambios políticos. Gobernó desde el año 2007 hasta el 2017 con la llamada “Revolución Ciudadana” y entregó la presidencia el 24 de mayo de ese año a su vicepresidente Lenín Moreno como candidato del movimiento Alianza País que planteaba la continuación de un proceso de cambio emparentado con la corriente chavista del “socialismo del siglo XXI”. 

Con el apoyo activo del mandatario, Moreno obtuvo la victoria frente a Guillermo Lazo presidente del Banco de Guayaquil al frente de una amplia alianza opositora y quien denunció graves irregularidades en el acto electoral. El nuevo gobernante inició un proceso de distanciamiento de la gestión de Correa en todos los órdenes y denunció actos de corrupción y prácticas de endeudamiento de las finanzas públicas que condujeron a un juicio contra el expresidente (quien por cierto se radica en Europa y enfrenta incluso órdenes de captura por la policía internacional). Este martes primero de octubre Moreno anunció un conjunto de medidas económicas que contemplan la eliminación de los subsidios a los combustibles, eliminación o reducción de aranceles para exportación, cambios en las relaciones laborales, en la línea de los tradicionales planes de ajustes supervisados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las medidas provocaron de inmediato protestas y acciones de calle, algunas de ellas violentas en varias ciudades y generaron un clima de incertidumbre que obligó el jueves 3 a la declaración de un Estado de Excepción que durará sesenta días. Las protestas que incluyen cierre de vías, acciones de la población indígena, trabajadora y organizaciones políticas obligaron al traslado del Gabinete a la ciudad en Guayaquil, y parecen activar de nuevo el inestable piso político y social ecuatoriano que ciertamente con un hábil y pragmático manejo supo resguardar en buena parte de su mandato al ahora fugitivo expresidente Correa.

Si a ello se suma la crisis política caracterizada por el choque de poderes que condujeron a la eliminación del Parlamento por el presidente Vizcarra en el vecino Perú y la perspectiva que de no ganar en la primera vuelta en las próximas elecciones presidenciales de la vecina Bolivia Evo Morales sea derrotado pese a una reconocida gestión económica, el futuro inmediato de la nación andina ofrece espacio para la preocupación y la incertidumbre. 

Ahora Moreno podría repetir las palabras de su amigo Correa hace nueve años: “Nunca pensé que este día triste fuera a suceder durante mi gobierno”.