Manuel Felipe Sierra

La intentona golpista del 4 de febrero de 1992 encabezada por Hugo Chávez fue conjurada en pocas horas, pero sus consecuencias políticas habrían de persistir en el tiempo y el gobierno de Carlos Andrés Pérez entraría en una onda de ingobernabilidad. La conspiración logró acumular el mayor poder de fuego que se recuerde en las rebeliones militares venezolanas, dejó en claro el resquebrajamiento de la estructura castrense y se insertaba además en una sostenida tensión política, si bien los indicadores económicos reflejaban una línea de crecimiento.

Chávez se convertía milagrosamente en una figura emblemática para la izquierda radical y para quienes venían apostando desde hacía meses al colapso del modelo democrático. El discurso de Rafael Caldera en el Congreso aquella mañana introdujo una variable en las expectativas electorales para la escogencia presidencial del año siguiente. El expresidente advirtió entre otras cosas: “Hay un entorno, hay una situación grave en el país y si esa situación no se enfrenta, el destino nos reserva muchas y muy graves preocupaciones”. Un reporte de la AFP del 10 de febrero tomaba el pulso de la opinión pública: “A cinco días de la asonada que estuvo a punto de quebrar el régimen democrático venezolano, muchos de sus líderes parecen compartir sin reservas una conclusión: La democracia y los partidos deberán recuperar el afecto popular o las tribulaciones apenas habrán comenzado”. Los oficiales golpistas en sus declaraciones insistían en que la causa de la intentona habían sido la corrupción y los privilegios de las jerarquías militares. Recogiendo una exigencia nacional, Pérez designó un Consejo Consultivo presidido por Ramón J. Velásquez, que a los días presentó una primera evaluación sobre el cuadro político y propuso un conjunto de recomendaciones para transmitir confianza a la nación.

Las propuestas, sin embargo, fueron rebasadas por la dinámica de los acontecimientos. Durante todo el año 92 la oposición pasó a la ofensiva y cobraron fuerza los llamados del grupo “Los Notables”, que mediante comunicados y declaraciones planteaban la renuncia de Pérez como un requisito para superar el vacío político. Se replantaba también la conveniencia de convocar a una Asamblea Constituyente y el propio mandatario declaró que esta vía de ninguna manera estaba descartada. En un creciente cuadro de rumores el ministro de la Defensa, Fernando Ochoa Antich, citó a Fuerte Tiuna al secretario general de COPEI, Eduardo Fernández para darle cuenta de la gravedad del momento y de la conveniencia de que el principal partido opositor ingresara al gobierno para fortalecer el sistema democrático. La mayoría de la dirección copeyana rechazó el planteamiento, pero en una reunión crucial, el expresidente Luis Herrera Campins explicó que era el momento de hacer un sacrificio en aras de la estabilidad democrática, tal como lo había hecho Caldera durante el gobierno de Betancourt frente al peligro golpista.

Humberto Calderón Berti e Ignacio Moreno León fueron a los ministerios de Relaciones Exteriores y al Fondo de Inversiones para apuntalar el gabinete, pero a los tres meses debieron abandonar los cargos ante el convencimiento de que la situación tendía a complicarse. Ya estaba en marcha una nueva conspiración. Los contralmirantes Hernán Gruber Odremán y Luis Enrique Cabrera Aguirre, el general de la aviación Francisco Visconti, el coronel del ejército Higinio Castro, el capitán de fragata Ramón Rodríguez Chacín, y el mayor de la FAN Carlos Salima encabezaban un plan conspirativo, y sostenían reuniones con sectores independientes para la constitución del “Movimiento Cívico-Militar 5 de julio”. Las organizaciones de izquierda Bandera Roja y Tercer Camino (dirigido por Douglas Bravo) también se incorporaron a la estrategia subversiva.

Hugo Chávez, preso en Yare, se sumó a la conspiración con un proyecto propio que consistía en aprovechar el pronunciamiento en marcha para fugarse del penal y presentarse a Venezolana de Televisión, cuya toma se consideraba prioritaria y transmitir desde allí su mensaje bolivariano. La operación fue encomendada a los capitanes Antonio Rivero y Francisco Ameliach, quienes grabaron un mensaje del prisionero. El grupo original también había realizado grabaciones desde un improvisado estudio en el CCCT para dar a conocer una Junta Militar presidida por el contralmirante Gruber Odremán ante la negativa de varios civiles a integrarla. La asonada fue planificada inicialmente para el 4 de octubre y pospuesta en varias ocasiones por diferencias entre los promotores y Chávez; y ante la constatación de que habían ocurrido delaciones. En la madrugada del 27 los contralmirantes Gruber Odremán y Cabrera Aguirre se declararon en rebeldía en el Museo Histórico Militar de La Planicie, se procedió a la toma de VTV y se activó el grupo de aviadores comandado por el general Visconti.

Cuando el capitán de corbeta J. R. Osío Reyna llegó al Canal 8 con los videos que anunciaban la Junta Militar, se encontró que la planta había sido tomada por grupo de atacantes encabezados por el capitán Jesse Chacón. Los vigilantes José Guillermo Rueda y José Vegas fueron asesinados brutalmente y desde el Estudio 1 se transmitía el video con el mensaje de Chávez por un grupo de civiles que hacían llamados a la rebelión. A las 8 de la mañana el canal fue rescatado por un comando de la Guardia Nacional, y durante la refriega se registraron numerosos muertos y heridos, además de considerables daños a las instalaciones. Horas después, cuando comenzaron los vuelos de los aviones rebeldes sobre Caracas, ya la intentona había fracasado técnicamente. A las 4 de la tarde los jefes golpistas se rindieron y otros comprometidos escaparon a Perú donde fueron recibidos por Alberto Fujimori como perseguidos políticos. Las cifras oficiales hablaron de 171 muertos (142 civiles y 29 militares) y las extraoficiales de 300 víctimas y de 95 militares heridos. Quinientos oficiales y suboficiales fueron arrestados junto con 800 soldados sin rango y 40 civiles; de ellos sólo 196 fueron llevados a un tribunal militar; 97 fueron condenados y el resto fueron absueltos. Una semana después la Corte Suprema de Justicia anuló los juicios y al cabo de un año fueron liberados plenamente por los gobiernos de Ramón J. Velásquez y Rafael Caldera.