Los meses finales el 2019 presenciaron brotes de violencia y toda suerte de disturbios en países que tradicionalmente han dirimido las diferencias políticas mediante el juego alternativo de los partidos y la convivencia pacífica. Chile, considerado como ejemplo de una democracia estable, dado al consenso y la concertación pese a las diferencias ideológicas de su gobernantes y que durante treinta años se repuso de la tiranía de Pinochet; pero más aún en un continente donde el reclamo de justicia social es ancestral, en ese país se conjugan estadísticas de crecimiento e inversión económica que le convierten en ejemplo y modelo para gobiernos vecinos. Pero sorpresivamente una protesta en el Metro de Santiago desató un incendio social que sin patrocinio político ni propuesta subversiva conocida dio cuenta de bienes, destrucción, muertes y una elevada caída de los números económicos de fin de año.

En Bolivia, después de catorce años de estabilidad , que al igual que Chile mostraba cifras alentadores y para muchos impensadas de salud económica y además con un gobernante de origen aymará que había logrado la conversión del país en un Estado Plurinacional atenuando diferendos territoriales y raciales, y cuando se confiaba en la paz del voto ,se produjo un nuevo brote de protestas que como siempre en su historia, puso la última palabra en los fusiles con la destitución del mandatario Evo Morales. A diferencia del caso chileno, acá se activaba un viejo conflicto de razas y cultura que parecía igualmente pospuesto por la modernización en marcha. Sin embargo, la mayor carga de violencia fue protagonizada por grupos ajenos y contrarios a los partidos tradicionales-

Ecuador también enfrentó graves enfrentamientos de calle estimulados por sectores indígenas y los factores políticos hostiles de Guayaquil al poder quiteño, pero que durante el gobierno de Rafael Correa (en la línea de Morales en Bolivia) con una nueva Constitución abordó la marginación indígena y campesina. En cambio la actual gestión de Lenín Moreno, beneficiario de los votos correistas aplica medidas abiertamente contrarias a las de su protector y ahora en el exilio. En este caso tampoco los partidos históricos asumieron el protagonismo de las acciones en su mayoría violentas. Incluso en Colombia cuna de la violencia guerrillera latinoamericana y luego de un reciente Tratado de Paz se vivió en esos días la emergencia de manifestaciones urbanas con la incorporación de contingentes juveniles y organizaciones sociales mediante paros y acciones que paralizaron pacíficamente las principales ciudades. Podría decirse que el largo conflicto campesino por la tierra se trasladaba con nuevos actores y consignas al plano cívico pero tampoco sin la conducción de los factores políticos tradicionales.

La cuarentena impuesta por el Covid-19 bajó la presión de la calle pero dejó pendiente algunas propuestas para enfrentar la situación. EL gobierno de Sebastián Piñera y el estamento partidista convinieron en convocar una consulta para reformar o elaborar una nueva Constitución mediante convocatoria nacional para una “Convención Constituyente” que estaría integrada la mitad por congresantes actuales y la otra por miembros de elección popular y que trabajará en un nuevo texto ya que el vigente data del mandato de Pinochet. En la propuesta estuvieron de acuerdo todos los partidos incluso aquellos de orientación izquierdista. El 25 de octubre, precedida de nuevas y masivas protestas, se aprobó la fórmula que todos los constituyentistas sean electos por el voto popular lo que significa una derrota para la dirigencia del gobierno y de la oposición. Como era previsible la tensión popular ahora ha crecido: la plaza “dignidad” foco de la rebelión cívica se activó; aumentó la represión de los “carabineros”; persiste aún la rebelión de la población “mapuche” y en los últimos días se multiplica el grito: “Piñera renuncia”. Pero hasta ahora ninguna organización partidista y en un país con una tradición de izquierda sólida y reconocida, ha compartido al menos públicamente, lo que ocurre.

El derrocamiento de Evo Morales se produce con la injerencia militar en un clima de confrontación donde entraron a jugar los antagonistas políticos de siempre y no fue el resultado de una sorpresiva explosión popular como ocurrió en las naciones vecinas ya que en esta ocasión se activaron también los núcleos partidarios del mandatario y su partido MAS. De tal manera, que la Presidenta Provisional Jeanine Añez se vio obligada a convocar inmediatamente nuevas elecciones, que si bien fueron pospuestas en tres ocasiones ,en la consulta celebrada el 18 de octubre resultó electo Luis Arce, candidato de Morales quien fuera inhabilitado para un nuevo mandato. En Ecuador se anuncian elecciones generales para el 11 de abril del 2021 y desde ya las encuestas apuntan a una victoria de Andrés Arauz del Movimiento “Revolución Ciudadana” del expresidente Rafael Correa, también impedido de presentar su nombre en la contienda.

Caso especial registra Perú, país envuelto en una corrupción generalizada que implica a instituciones y partidos con aparente desinterés de la calle, y que ahora, luego que el Congreso Nacional votara la destitución de tres presidentes en diez días, es envuelto por una marejada popular que levanta la consigna de la Asamblea Constituyente. En Colombia ante la persistente resistencia urbana se buscan fórmulas que no descartan tampoco la renuncia presidencial y la propia vía constituyente. No fue casual entonces que la curiosa propuesta que hiciera Hugo Chávez en su campaña en 1998 sea una explicación a considerar a la hora de juzgar los 21 años de sus gobiernos.