Corrupción Política
Análisis 23/02/2021 08:00 am         


El manejo ilícito de los recursos públicos de alguna manera, se ha convertido más allá de los hechos, en un instrumento de descalificación política.



La corrupción siempre estuvo asociada al ejercicio discrecional y despótico de las dictaduras. En los gobiernos modernos y democráticos que implican una mayor atención de la opinión pública y cada vez más de la prensa, el tema se ha generalizado hasta el punto que algunos investigadores lo consideran como una “subcultura del poder”- De hecho ahora existen junto a la instancia contralora tradicional, oficinas y comisiones administrativas que hacen también seguimiento y atienden denuncias sobre casos de manejo irregular de los dineros públicos para determinar las vías del viejo y conocido delito del “enriquecimiento ilícito”. Cuando la situación afecta personalmente a los gobernantes, por lo general las responsabilidades de haberlas son aplicadas mediante juicios judiciales una vez que abandonan el mando. En Venezuela se recuerda el enjuiciamiento, la prisión en Estados Unidos y la posterior extradición del dictador Marcos Pérez Jiménez para ser juzgado y condenado finalmente por jueces nacionales.

En los últimos años con la cada vez más determinante influencia de los medios de comunicación y la explosión de las redes sociales se han facilitado las denuncias y las acusaciones en buena medida falsas e inconsistentes, pero que facilitan de esta manera el cuestionamiento y las críticas en particular de los gobernantes. Podría decirse que en el actual contexto es la manera más fácil, rápida y eficaz de enfrentar la tarea de los gobernantes, en algunos casos, incluso, sin que los señalamientos se correspondan con la realidad. Otro caso significativo en este sentido, se registró en Venezuela en 1993 cuando Carlos Andrés Pérez fue objeto de un proceso judicial que determinó incluso su salida de la Presidencia de la República al ser responsabilizado de una entrega de recursos de la partida secreta del Estado para apuntalar la campaña de Violeta Chamorro en Nicaragua. En el curso del debate judicial el mismo tribunal que lo había señalado como responsable de manejos irregulares, hubo de admitir que no se trataba de un acto convencional de corrupción sino de un “Traslado de Partida” tal como lo establece la propia instancia constitucional. 

Recientemente es famoso el caso “Lava Jato” en Brasil, a partir el cual debieron dimitir Lula Da Silva, Dilma Rousseff y también el gobernante que le sucedió Michel Temer, se trato de un escándalo de proporciones tales que los famosos favores o sobornos de la constructora brasilera Odebrecht se convirtieron en un eficaz pretexto para la destitución en cadena de mandatarios latinoamericanos y de manera especial en Perú, donde en la misma cuenta fueron señalados desde los herederos de Fujimori con políticos de amplios reconocimientos como en el caso de Alan García, sometido a un juicio que hubo de provocar el suicidio. En buena medida, la grave crisis de ingobernabilidad peruana resulta atada a las denuncias y señalamientos de actos de corrupción propiciados por la poderosa empresa de Brasil. 
 
En las últimas semanas, El Supremo Tribunal Federal de Brasil, adelanta una investigación que incluye incluso al exjuez Sergio Moro, acusador principal de Da Silva y Rousseff, de “manipular políticamente las causas” provocando la disolución del equipos de fiscales que durante casi 17 años manejó y procesó las acusaciones contra los exmandatarios. La decisión cuyo impacto político es obvio, incluye al propio juez Moro. El Ministerio Público de Curitiba, informó al respecto que sus integrantes pasarán a formar parte de un grupo contra el crimen organizado que heredara casos de la hora extinta “Lava Jato”. La operación judicial emprendida en este sentido condeno a 174 personas entre ellos dos veces a Lula, a su exjefe de gabinete José Dirceu, al exministro de Economía Antonio Paolucci, al exgobernador de Rio de Janeiro Sérgio Cabral y al exdiputado Eduardo Cunha, quien abrió el juicio que destituyo a Dilma Rousseff en el 2016. 







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