En los últimos tres años sanciones de todo tipo han recaído sobre el gobierno de Nicolás Maduro en el marco de una creciente conflictividad diplomática y económica entre los mandatarios de Venezuela y Estados Unidos. A partir de la “Operación Libertad” de 2019 encabezada por el opositor Juan Guaidó con el apoyo directo de Donald Trump, el instrumento sancionatorio se extendió a la Unión Europea y los países latinoamericanos agrupados en el “Grupo de Lima”. En una primera fase las sanciones se aplicaron a funcionarios y relacionados al gobierno por actos calificados de corrupción o violación de los derechos humanos. A partir del “Decreto Obama” de 2015 existió el marco para administrar restricciones de naturaleza económica que, lógicamente, tienen efectos siempre indirectos pero eficaces en actividades que terminan afectando a la población. De otro modo no tendría sentido su aplicación. De hecho las sanciones de este tipo impuestas a otros países como Irán, Turquía, Rusia, Siria o Cuba por ejemplo procuran generar un clima de malestar social y complicaciones en el manejo de actividades administrativas especialmente financieras que estimulen las tendencias a crisis y complicaciones y que conduzcan finalmente al cambio de los gobiernos.

¿Las sanciones son culpables de la situación crítica que afecta a los venezolanos? La pregunta envuelve una trampa argumental que es usada incluso por voceros opositores que apuestan y ruegan por más y más fuertes sanciones pero generalmente desde el exterior. El asunto es sencillo. Sería infantil crear y ejecutar sanciones para crear crisis cuyo origen responde a realidades nacionales. De hecho las restricciones tienen sentido y se administran para agravar y complicar situaciones existentes. Siempre tendrán efectos pero en algunos casos estos serán mayores y traumáticos, y eso es lo que está ocurriendo en el “Caso Venezuela”. 

EL fuerte de las sanciones venezolanas ha tenido como objetivo la industria petrolera y lógicamente PDVSA. Si se considera que Venezuela es un país estructuralmente petrolero y que el ingreso fiscal del Estado depende el 96 por ciento de la renta del petróleo y que ésta mantiene una vinculación histórica con Estados Unidos e incluso los principales activos de la empresa como CITGO están en la Potencia del Norte, es lógico suponer que lo que ocurra en ella tendrá un grave e inevitable alcance nacional. PDVSA como señala el especialista Juan José Oropesa “es la Compañía Guipuzcoana de siglo XXI” es decir, más que una empresa resume la propia economía del país.

Ciertamente, la industria petrolera y su insignia empresarial venían arrastrando un creciente deterioro después del “genocidio gerencial” de que fuera objeto en 2002 y el siguiente paro nacional estimulado por su gerencia de entonces, y que arrastró a los sectores opositores durante 63 días de huelga general entre 2002 y 2O03 con graves daños materiales y costos operativos que no fueron superados a tiempo. Sin anotar que para el “proyecto chavista” PDVSA de una eficiente empresa con prestigio internacional fue convertida en un “fondo social” incrementando con desmesura su nómina y cambiando el destino de sus ganancias. Tampoco escaparía a la onda de la corrupción tanto que el propio Fiscal General Tarek William Saab ha señalado que noventa de los altos ejecutivos de la empresa están detenidos o perseguidos por la justicia internacional por delitos de grave corrupción. Ese cuadro justamente facilita la eficacia de las sanciones. Si a ello se le bloquean las fuentes de financiamiento en el exterior con efecto expansivo en el mundo bancario; se le bloquea el transporte naval; se le ocupan bienes y recursos en bancos del exterior, se le niega la compra de aditivos, y se presiona el retiro de operadoras claves del país, entre otras medidas, es comprensible entonces que no haya gasolina y que en consecuencia se agote el ingreso fiscal y disminuyan cada más los recursos en el aparato productivo y en la propia población venezolana. Los viejos reporteros policiales acuñaron para estos casos la frase “el tiro de gracia”. A la hora de la verdad para el derecho penal, en esas circunstancias, quien dispara al final es el asesino.