En los últimos años, las palabras diálogo y acuerdo han marcado la política venezolana, en medio de una agresiva polarización de dos décadas. La Asamblea Nacional que recién asumió sus funciones ha designado una Comisión Especial para avanzar en la posibilidad de un acercamiento, cada día más urgente y necesario, para abordar una crisis que hace tiempo pasó a ser una dolorosa catástrofe social que concita la atención e incluso la preocupación internacional. El enfrentamiento político que en los años 2001, 2002 y 2003 condujo a la activación de sectores de la sociedad civil con un ímpetu hasta entonces desconocido y a hechos como la salida de Chávez durante cuatro días de Miraflores; las deserciones militares y la paralización de PDVSA, obligaron a la instalación de una Mesa de Diálogo entre el oficialismo y la oposición con la mediación del secretario general de la OEA César Gaviria y el Centro Carter y que finalmente aprobó la convocatoria del mecanismo constitucional del referendo revocatorio presidencial realizado en agosto de 2004.

A raíz de la muerte de Chávez y el ascenso de Nicolás Maduro en 2013, con las posiciones del gobierno con una clara orientación hegemónica y autoritaria, tal como se intuía a comienzo de siglo, la crispación se hizo mayor con acciones de violencia, represión y con saldo de muertos, heridos, detenciones, y daños materiales en varias zonas del país. En 2014 de nuevo, un sector de la oposición escogió la vía de la llamada “salida” en el convencimiento engañoso que el camino de la alternancia electoral y pacifica estaba cancelado. Contra esa tesis, otro sector opositor representado en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtuvo una contundente victoria en la elección legislativa de diciembre de 2015 y que fue reconocida contra todo pronóstico por el gobierno. Sin mayores esfuerzos se definía una ruta: la acumulación de fuerzas en las consultas siguientes hasta apostar a un seguro triunfo presidencial, lo que no requería de mayores ejercicios de valoración estratégica y con la perspectivas de seguras victorias en futuros eventos, resurgió la tesis de la “activación de calle”, como si se tratase de sacar a relucir un recurso que se lleva en los bolsillos para un instantáneo cambio de gobierno. Nuevamente se proponía el llamado “foquismo urbano” que como se ha comprobado históricamente deviene en formas y acciones de simple terrorismo. 

Mientras los hechos demostraban lo contrario, el sector de la oposición ganado por el inmediatismo y la prepotencia lucia debilitado orgánicamente con su dirigencia exiliada, sometida a juicios y prisiones que la obligaron a cobijarse bajo la sombra protectora de Donald Trump cuya política exterior privilegió el enfrentamiento con el régimen venezolano por su vínculos con los países del llamado “eje del mal”. Si bien ello le confería piso político y económico en el exterior hasta para ensayar la fórmula del “gobierno dual” hace dos años con Juan Guaidó, lo alejaba del necesario manejo cotidiano de las contingencias nacionales y los asociaba a una estrategia de fuerza en el camino del intervencionismo frontal y la “salida” se convertía en “intervención” y “gobierno legitimo” en Colombia, España y Miami pero cada vez más alejado del Palacio de Miraflores. 

 
De esta manera, se configura un nuevo escenario político nacional en el cual, la nueva Asamblea Nacional más allá de los detalles y circunstancias de su elección marcada por el ausentismo el 6 de diciembre pasado, pasa a tener un peso especifico para promover el dialogo y la posibilidad de un acuerdo ya no entre las cúpulas de los partidos sino también con la participación de sectores empresariales, laborales, estudiantiles y referencias de la sociedad civil que tienen un interés directo en encontrar fórmula para superar lo que ya no es solamente la polarización de los factores políticos del pasado sino una urgencia que tiene que ver con todo los venezolanos.