El 16 de febrero de 1989, a trece días de jurar por segunda vez como Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez se dirigió al país, en un breve discurso ante un auditorio de invitados especiales de todos los sectores gremiales. Anunciaba entonces los términos de un plan de ajuste económico que había prometido durante su campaña que significaba para los opositores de manera prematura simplemente quitar la envoltura a otro famoso “paquete” entonces de moda en América Latina para estabilizar las economías y conjurar el drama de la deuda externa. Entre otras medidas se contaban: nuevo esquema cambiario, con un cambio único, flexible y determinado de acuerdo a la oferta y la demanda; liberación de las tasas de interés activas y pasivas; racionalización de la política arancelaria; eliminación de restricciones del Arancel de Aduanas; congelación de los cargos en la Administración Pública; ajuste de las tarifas de luz y teléfono y creación de empresas descentralizadas de distribución de agua; aumento del precio de la gasolina durante tres años; mantenimiento del subsidio de los fertilizantes y modificación de la Ley de Impuesto sobre la Renta para favorecer los estratos de bajos ingresos, entre otras disposiciones de urgente e inmediata aplicación.

COSTO SOCIAL

El clima de opinión previo al anuncio ya se tornaba confuso y desfavorable a la aceptación de unas medidas que de antemano se sabía que habrían de tener un significativo costo. En el seno de AD, el partido de gobierno el llamado “lusinchismo” prácticamente se colocaba en la oposición por sus diferencias con el “perecismo” y COPEI y el MAS los dos fuertes partidos opositores fijaron de antemano una línea de impugnación a las medidas. De este modo todo esfuerzo comunicacional para crear un “colchón de opinión” que amortiguara los efectos de los anuncios resultaba tardío e insuficiente. El menú, ciertamente, implicaba medidas severas que en teoría satisfacían los reclamos del sector empresarial por una sinceración de la economía y contemplaba, además compensaciones sociales. Obviamente, las consecuencias de las primeras serían inmediatas y los resultados de las segundas habrían de requerir mayor tiempo.


EL EQUIPO

Miguel Rodríguez, economista del IESA y formado en universidades de los Estados Unidos, fue colocado en la conducción de CORDIPLAN, y quien no era como se dijo entonces un devoto del neoliberalismo y el “Consenso de Washington” sino mas bien alumno de las teorías keynesianas. Antes de anunciar el ajuste, Pérez consciente de las dificultades que había de afrontar, hizo contacto en plena campaña electoral con especialistas vinculados a organismos y universidades extrajeras capaces de acompañar a Rodríguez en el diseño de un plan de ajuste que implicara los menores sacrificios posibles. A treinta y dos años de distancia una pregunta es pertinente: si el plan de ajuste no hubiera enfrentado la incomprensión política y luego brotes golpistas, ¿Que datos ofrecería actualmente el panorama económico venezolano?

A continuación, el periodista Manuel Felipe Sierra entrevista a Miguel Rodríguez, economista y exministro de CORDIPLAN: